Una segunda reelección: el atajo legal que se les presenta a seis intendentes del Conurbano

Para quienes sostienen que en la Argentina no se les suele prestar atención a los procesos de largo plazo y a la planificación, habrá que invitarlos a recorrer los feudos edificados alrededor municipios del Conurbano por políticos que apostaron a la perpetuidad. La reelección indefinida en la provincia de Buenos Aires, esa panacea de construcción casi de estilo papal, se intentó abortar en 2016, cuando fue sancionada una norma que apuntaba a erradicarla. Sin embargo, y siguiendo el precepto de “hecha la ley, hecha la trampa”, los interesados en mantener el status ilimitado analizan un atajo que les podría permitir en 2023 presentarse por un nuevo período de gobierno comunal en el GBA, no sin antes dar batallas en el fuero judicial y en la arena política. Por ahora y sólo por ahora, son seis.

Nada más parecido al largo plazo que pensar en las elecciones de dentro de dos años cuando todavía no se resolvió el actual proceso electoral de medio término, el que puso en estado de alerta al Frente de Todos por la derrota en todo el país pero, en especial, por el revés sufrido en la provincia de Buenos Aires, con una desventaja superior a los cuatro puntos (o 360.000 votos) que deberán remontar el 14 de noviembre ante Juntos por el Cambio. Y el puntal de las opciones kirchneristas de revertir la tendencia está en el Conurbano. Fue por ese motivo también que el gobierno de Axel Kicillof tuvo un giro hacia un gabinete con mayor presencia de intendentes, en el afán de ganar territorialidad.

A los dos jefes comunales que están en el equipo provincial, se les suman los tres que integran la gestión en la Nación. Todos fueron ubicados en áreas estratégicas, con mucho poder político o el manejo de grandes cajas, aunque ese no sería el único incentivo que tienen por delante.

Los intendentes y la reelección indefinida en el Conurbano

En tiempos en los que Sergio Massa estaba más cerca del PRO que del kirchnerismo, el Frente Renovador acompañó en la Legislatura bonaerense el proyecto de ley que buscaba evitar la perpetuidad en cargos electivos. Sancionada con el número 14.836, la norma impide más de una reelección para senadores provinciales, diputados provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares.

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En el artículo número 7 de las disposiciones transitorias, se estableció que «el período de los Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores a la entrada en vigencia de la presente Ley (2016) será considerado como primer período». Por ende, aquellos que resultaron electos en 2015 sólo podían aspirar a presentarse en 2019 pero ya no en 2023. Ahí radica uno de los vericuetos legales que analizan interponer: lo legalmente inapropiado de los efectos retroactivos de la medida.

Hay otro argumento en vista. Y la alternativa legal tiene la firma de la propia ex gobernadora María Eugenia Vidal, el ex jefe de gabinete Federico Salvai y el ex ministro de Gobierno, Joaquín De La Torre. Se lo encuentra en el anexo del decreto 265 de 2019.

Dicha reglamentación que prohíbe la reelección para un tercer mandato especifica que «abarca a quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos años, continuos o alternados». Por ende, aquellos que hayan sido reelectos en 2019 y pidan (o ya hayan pedido) licencia antes del 10 de diciembre de este año, estarían en condiciones de repetir en 2023.

En la actualidad, 90 de los 135 mandatarios comunales de la Provincia no podrían ser reelegidos en 2023. En 2019, de ese total 46 fueron electos por Juntos por el Cambio; 39 por el Frente de Todos; uno por Consenso Federal; y dos vecinalistas.

En el plano de los intendentes del GBA, son cinco del Frente de Todos los que ya pueden pensar en dicha variante y uno que, salvo una catástrofe electoral en noviembre, podría aspirar a hacerlo. Además del planteo judicial que analizan, también deberán lidiar con el entramado político en la Provincia, un detalle para nada menor: Máximo Kirchner asumirá en diciembre como nuevo presidente del PJ bonaerense. Y La Cámpora presiona como estructura para ampliar su poder territorial. Y las reelecciones podrían bloquear a sus candidatos. Se vislumbra que dicha discusión tomará potencia desde 2022.

De los seis apuntados, cinco se encuentran ocupando cargos ejecutivos en la Nación y la Provincia. Y un sexto tiene casi asegurado su acceso a la Legislatura provincial.

Empujado por Cristina Kirchner y controlado por su hijo Máximo, al gobierno provincial se incorporaron Martín Insaurralde y Leonardo Nardini, a la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, respectivamente. Ambos fueron reelectos en 2019 y vienen de ganar en sus distritos en las primarias del 12 de septiembre.

Al pedir licencia, Insaurralde acaba de dejar el gobierno de Lomas de Zamora en Marina Lesci, la presidenta del Concejo Deliberante. Nardini, por su parte, apostó por darle continuidad a su gestión en Malvinas Argentinas con Noelia Correa, quien desde 2016 lo acompaña como secretaria de Servicios Públicos.

Del mismo modo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, estaría en condiciones de buscar otro mandato en Avellaneda, que por ahora está bajo el cuidado de uno de sus ahijados políticos, Alejo Chornobroff, y con su esposa Magdalena Sierra como jefa de Gabinete; esta es, además, quien encabeza la lista de candidatos a concejales para el 14 de noviembre y en las PASO obtuvo más votos que la combinación de listas de Juntos por el Cambio.

Más complicado tiene el escenario de corto plazo el ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien en las elecciones generales tiene que apuntalar la lista que lidera su esposa, Nancy Cappelloni, después de la derrota en las PASO. El funcionario nacional fue reelecto en 2019 pero no llegó a asumir, porque acudió a la convocatoria del presidente Alberto Fernández para sumarse al gabinete nacional desde el comienzo.

El último intendente en sumarse a la Nación fue Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social que se tomó licencia en Hurlingham: en medio de su segundo período, le dejó el cargo al camporista Damián Selci. En las PASO, el Frente de Todos le sacó una ventaja mínima a la oposición.

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Mariano Cascallares es el sexto que podría aspirar a una nueva reelección en 2023. El intendente de Almirante Brown encabeza la lista de diputados provinciales del Frente de Todos en la Tercera Sección Electoral, donde el kirchnerismo tiene el mayor potencial de votos y se da por descontado que llegará a la Legislatura. Por ello, le bastará con pedir licencia el 9 de diciembre para quedar en las gateras para aspirar a otro periodo de gobierno local.

Hay un séptimo jefe comunal por el que deberá analizarse su situación: Alejandro Granados, quien en Ezeiza sumó dos períodos con licencias, en 2017 y en 2020. Es uno de los llamados barones del Conurbano, constructores de poderes feudales a los que la ley de 2016 les derrumbaría extensos períodos de poder. Otros dos exponentes de esa raza son Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó desde 1996; y Mario Ishii, quien llegó al gobierno de José C. Paz en 1999 y sólo entre 2011 y 2015 estuvo ausente aunque dejó a un lugarteniente, Carlos Urquiaga.

Pero la lista podría extenderse y no en el kirchnerismo, sino en la vereda de enfrente. De hecho, en las últimas horas empezó a circular el rumor del posible ingreso de Jorge Macri al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde allí construir la plataforma para buscar proyectarse a la Provincia en 2023 pero, si viera que sus chances bonaerenses no son tangibles, podría tener entonces la alternativa de retornar a Vicente López.