Expropiaciones en Avellaneda: el intendente dijo que será «la última instancia»
Luego de la polémica que se generó a partir de la aprobación de una norma que permite declarar de utilidad pública terrenos en desuso, Alejo Chornobroff defendió su espíritu frente al «déficit habitacional» que tiene el distrito.
Alejo Chornobroff, intendente de Avellaneda, defendió la ordenanza que permite expropiaciones.
Tras la polémica que se generó luego de que el Concejo Deliberante de Avellaneda aprobara una ordenanza que permite declarar de utilidad pública y expropiar terrenos en desuso, el intendente del distrito, Alejo Chornobroff, salió a hablar sobre el tema y declaró que «tiene que quedar claro que la ordenanza propone como última instancia la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación».
Chornobroff explicó también que el motivo de la aprobación de la ordenanza y de la creación del Registro Público de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruída o con Edificación Paralizada «responde fundamentalmente a razones de ordenamiento territorial, para consolidar políticas públicas que promocionen la integración socio urbana y el desarrollo sostenible». Y afirmó que «en Avellaneda no se va a expropiar absolutamente nada”.
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«Avellaneda tiene déficit habitacional y nos vimos obligados a replantear ese urbanismo. Surgió porque con Magdalena (Sierra, la jefa de Gabinete de Avellaneda) y con Jorge (Ferraresi, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación) nos planteamos cómo lo repensamos y lo hicimos a partir de las herramientas legislativas existentes, como la Ley 14.449, de acceso justo al hábitat, y la herramienta local que es esta ordenanza que nos permite establecer uns regulación urbanística como en cualquier parte del mundo», detalló el jefe comunal.
El funcionario municipal expresó: «En Avellaneda hay más de 3.500 familias que anhelan tener su vivienda. La ordenanza sistematiza procedimientos administrativos para relevar, controlar y ordenar el territorio de la ciudad, fundamentalmente pensando en aquellas edificaciones paralizadas o terrrenos baldíos en estado de abandono. Recién como última instancia el artículo 10 propone la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación, pero para eso tienen que pasar 9 años de que ese inmueble sea ingresado en el nuevo registro, que aún ni siquiera se reglamentó».
Chornobroff se refirió también a quienes criticaron la medida: “Sería bueno que le pregunten a los vecinos qué piensan del proyecto abandonado “Estrella del Sur”, ese “elefante blanco” que tenemos sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. Y no solo a quienes fueron estafados, sino a los que viven en las zonas aledañas. O que les pregunten a los vecinos y vecinas del barrio La Saladita y el barrio Núñez, por el esqueleto que tienen desde hace años a un costado del Accesos Sudeste».
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Para luego, seguir con su enumeración: «O que vayan al barrio El Fortín, donde tuvimos ya varias situaciones complejas en la ex aceitera BYCLA, sobre el camino de la Ribera, que a pesar de los reiterados pedidos que hicimos desde el municipio, los dueños no tapiaron ni generaron una sola acción que resguardara o ayude a prevenir todo lo que sabemos puede suceder en un espacio abandonado. En todos esos casos, los vecinos nos piden que actuemos, y eso es lo que venimos haciendo en todos estos”.
Avellaneda: qué dice la ordenanza
Para la elaboración de sus 12 artículos se tomaron como punto de partida las definiciones y categorías de un decreto del año 1977. El proyectó recibió 16 votos a favor del oficialista Frente de Todos y seis en contra de los representantes de Juntos por el Cambio.
Como punto principal, la norma impulsó la creación de un Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o con Edificación Paralizada que busca que las autoridades comunales dispongan de un relevamiento actualizado de terrenos ociosos.
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El fin último, por supuesto, es conseguir espacios para el desarrollo de una política habitacional que cubra las necesidad de mucha gente sin vivienda digna. Todas aquellas propiedades que figuren en este Registro deberán tributar un 50% extra en las tasas de servicios generales.
“Nuestro único objetivo con esto es consolidar el proceso de restitución de derechos, para seguir con la urbanización de barrios, para que nuestra pujante clase media tenga acceso a la casa propia, o bien para seguir mejorando y embelleciendo el espacio público y la infraestructura urbana de nuestra ciudad”, cerró el intendente de Avellaneda.
