Aprueban en Avellaneda una ordenanza que permite expropiar terrenos en desuso

El Concejo Deliberante de Avellaneda votó a favor de una ordenanza que permite declarar de utilidad pública y expropiar terrenos en desuso. La iniciativa cuenta con el respaldo de Jorge Ferraresi, intendente en ejercicio de licencia y actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Para la elaboración de sus 12 artículos se tomaron como punto de partida las definiciones y categorías de un decreto del año 1977.

A partir de la promulgación de esta norma, los propietarios de terrenos vacíos dispondrán de un plazo máximo de ocho años para realizar una construcción. Si no lo hacen, el municipio quedará habilitado para pagar una indemnización y quesdarse con el lugar. El proyectó recibió 16 votos a favor del oficialista Frente de Todos y seis en contra de los representantes de Juntos por el Cambio.

Avellaneda, contra los terrenos en desuso

Una semana atrás, durante un acto en la ciudad bonaerense de Mercedes compartido con el gobernador Axel Kicillof, el presidente Alberto Fernández había dicho: «No tiene sentido mantener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. No tiene sentido guardarlo para que un hijo lo herede. Tiene mucho más sentido volverlas productivas hoy y que en ese lugar alguien construya el techo donde van a crecer sus hijos».

Esa línea de pensamiento, compartida por la mayoría de las organizaciones sociales que trabajan en el Conurbano bonaerense, fue la que impulsó la creación de un Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o con Edificación Paralizada. 

Este Registro permitirá que las autoridades comunales dispongan de un relavamiento actualizado de terrenos ociosos. El fin último, por supuesto, es conseguir espacios para el desarrollo de una política habitacional que cubra las necesidad de mucha gente sin vivienda digna. Todas aquellas propiedades que figuren en este Registro deberán tributar un 50% extra en las tasas de servicios generales.

Cumplidos los ocho años de la inscripción de un inmueble en el Registro, siempre bajo la condición de que no se haya construido, la municipalidad posee las facultades de declararlo de utilidad pública y expropiarlo. Esta última acción administrativa debe ser aprobada por la Legislatura provincial y concretarse previa indemnización al propietario original, de acuerdo con lo establecido por la Constitución provincial.

Otra disposición contempla que la intimación para construir no renueva los plazos si el inmueble cambia de dueño. En efecto: en el artículo sexto se indica que “los plazos señalados no se alterarán, aunque durante su transcurso se efectúen trasmisiones de dominio”.

Opositores a expropiar terrenos en desuso

Al argumentar su rechazo a la medida, Sebastián Vinagre -titular del bloque de ediles de Juntos por el Cambio- dijo: “La medida interpone una obligación nueva e innecesaria a los vecinos de Avellaneda. Una persona puede querer un terreno vacío para capitalizarse o resguardar sus bienes de la inflación”.

También mostró su alarma Damián Tabakman, titular de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos: “Nos preocupa. Podría ser una señal para que otras jurisdicciones repliquen lo mismo, más si recordamos que el responsable del área de Vivienda a nivel nacional es justamente de Avellaneda”. 

El jueves 10, en Wilde, Ferraresi, el actual intendente Alejo Chornobroff y la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, recorrieron un predio donde se edifican 40 viviendas y entrega los primeros 14 duplex que ya han sido finalizados.

Antes del acto de entrega, los funcionarios supervisaron las obras de urbanización que se llevan a cabo en el barrio Villa Azul de Wilde. Los trabajos constan de dos sectores de 19 y 38 viviendas para familias del lugar, además de un polideportivo.