La Corte Suprema definirá la pelea entre la Nación y la Ciudad por las clases presenciales

CABA. Política
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19 de abril de 2021

El máximo tribunal se declaró competente ante la presentación del Gobierno porteño. Mientras tanto, comenzó a regir el fallo de la Justicia porteña que habilitó la apertura de las escuelas en Capital Federal.

La Corte Suprema se declaró este lunes competente para analizar la presentación de la ciudad de Buenos Aires contra la suspensión de las clases presenciales en el distrito y anticipó que le dará un trámite acelerado al expediente para resolver la cuestión. La resolución se conoció en una jornada en la que comenzó a regir el fallo de la Cámara de Apelaciones de la Justicia porteña que el domingo avaló la vuelta a las aulas, pese al decreto del presidente Alberto Fernández que ordenaba el regreso a la virtualidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) frente a la exponencial suba de contagios en el marco de la segunda ola de casos de coronavirus.

La Corte falló con el voto de los ministros Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Horacio Rossatti y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco se expresó en disidencia porque considera que la ciudad Autónoma de Buenos Aires «no es un sujeto aforado a la jurisdicción originaria» del tribunal. Se descuenta que adoptará el mismo criterio cuando se discuta el fondo de la cuestión y no votará. Si bien la Corte no tiene plazos para expedirse, anticipó a través de la resolución que firmaron los cinco ministros, que hará un tratamiento acelerado en los términos que permite el Código Civil y Comercial de la Nación, para que los magistrados resuelvan «de oficio» y como «primera providencia», si «la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida» lo permite.

En principio, el planteo del jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, logró un dictamen favorable de la procuradora de la Ciudad, Laura Monti, quien había determinado que la Corte está facultada para entender en la presentación que realizó el gobierno capitalino. Tomándolo como parámetro, la Corte intervino y señaló que fallará al respecto, aunque luego de que el Gobierno Nacional ofrezca, dentro de un plazo de cinco días, sus argumentos de por qué estableció en el decreto 241 que deben suspenderse las clases presenciales en el AMBA.

Ministros Corte Suprema de Justicia
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rozenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rossatti.

Fuentes judiciales aclararon que esta definición de la Corte no invalida el fallo de la Cámara porteña. Aún sin declararlo inconstitucional, ese fallo no puede ser apelar porque las partes son los padres de alumnos que iniciaron la demanda, la Ciudad (que es la demandada) y la Fiscalía. Los tres están de acuerdo en que haya clases presenciales.

Otro capítulo de la judicialización de las medidas contra el coronavirus se libró en la Justicia porteña con la resolución de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario, que dispuso anoche el retorno de la presencialidad educativa en Capital Federal. Ante esta decisión, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, pidió la inhibitoria y que se mantenga la aplicación del decreto presencial.

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El planteo de la Procuración fue presentado en la Justicia Federal y recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, cuyo titular es el juez Esteban Furnari.

Y en otro escenario judicial, pero vinculado al mismo tema, la jueza federal María Servini quedó a cargo de dos denuncias presentadas en las últimas horas en los Tribunales Federales de Retiro vinculadas al decreto presidencial 241/2021 que estableció nuevas restricciones en el AMBA para enfrentar la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Una de las denuncias la radicó la abogada Valeria Carreras contra Rodríguez Larreta, la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por «violación de medidas para la propagación de una epidemia y asonada».

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En este caso, se los denunció por «atentar contra la salud pública mediante una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU que restringe la presencialidad escolar, la reducción horaria de circulación para la ciudadanía y el cierre de comercios» para evitar que los contagios sigan su crecimiento exponencial de los últimos días y en un marco de posible saturación del sistema sanitario debido a la demanda de internaciones por Covid-19. Esta normativa «apunta a frenar la segunda ola de contagios de Covid 19», sostuvo Carreras, quien aludió además a «sedición, en grado de tentativa».

La otra causa se presentó contra Mauricio Macri y también resultó sorteada en el juzgado de Servini, por supuesta «instigación a cometer delito, resistencia o desobediencia a funcionario público y violación de medidas para la propagación de una epidemia». En este caso, el abogado Federico Paruolo denunció al ex presidente por una publicación en Twitter en la que pedía a los intendentes que mantuvieran las escuelas abiertas. En otro orden de cosas, el juez federal en lo Civil, Contencioso y Administrativo de San Martín, Oscar Papavero, rechazó una medida cautelar presentada por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, contra el decreto 241/2021 que suspendió las clases presenciales alegando una cuestión de competencia.

Las clases y una pelea política en la Corte Suprema

El Presidente defendió hoy las medidas adoptadas la última semana para mitigar la expansión del coronavirus en el AMBA, pidió no hacer «política con la pandemia» y sostuvo que si bien las decisiones pueden ser «antipáticas», no es momento para ser «simpático» con el «electorado». En ese marco, reiteró que su «única preocupación» es «cuidar la salud de los argentinos» y sostuvo que cada una de esas medidas son «decisiones de política sanitaria avaladas por datos de la autoridad sanitaria» y «no escuchando a los políticos ni leyendo encuestas».

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Así lo expresó el encabezar un acto realizado desde el Salón del Bicentenario de la Casa Rosada en el que fueron anunciadas nuevas inversiones para el sistema de salud y un bono de 6.500 pesos para más de 740 mil trabajadores del sector. Allí, el Jefe de Estado recibió apoyo de gobernadores a las restricciones dispuestas por el Gobierno Federal para moderar la «segunda ola» de casos de Covid-19.

Fernández hizo alusión a la judicialización por parte de la ciudad de Buenos Aries del Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial que dispone la suspensión de las clases presenciales como una de las medidas para mitigar la expansión del coronavirus en el marco de la segunda ola de la enfermedad y, en ese sentido, pidió no hacer política con la pandemia ya que no es momento de «serle simpático al electorado».

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El Presidente fue directo al señalar que las medidas «no son de política económica o educativa, sino de política sanitarias» y que le da «tranquilidad» de conciencia haberlas tomado ya que «lo más importante es la salud de los argentinos». Respecto a los planteos judiciales realizados por el Gobierno porteño por las clases presenciales, Fernández señaló que es «importante que los maestros estén vacunados» y subrayó que la jurisdicción porteña se encuentra en anteúltimo puesto en la materia, con sólo 14 mil dosis aplicadas.

Tanto él como los gobernadores que lo precedieron en el discurso señalaron la importancia de aplicar medidas para contener el crecimiento de los casos en el AMBA que, tal como ya se demostró durante la primera ola del año pasado, es un área que funciona primero como epicentro y luego como difusora de la enfermedad hacia las restantes jurisdicciones. «Entendamos que el virus no conoce la General Paz», señaló Fernández respecto de la dinámica epidemiológica comprobada.

Quien también habló al respecto fue el bonaerense, Axel Kicillof, quién consideró «repugnante» que se utilice a la Justicia «para perjudicar a los que tienen que ser cuidados» y aseguró que, en cambio, él prefiere «ser antipático» antes que ser «absolutamente irresponsable y hacer política con la vida y la muerte». En ese sentido, dijo que «recurrir a la Justicia, estando fuera de jurisdicción es la peor de las respuestas» y relacionó lo decidido por los jueces porteños con el «lawfare» que «no afecta principalmente a los funcionarios o dirigentes, sino a la sociedad y a la gente».

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Al referirse al incremento de contagios, remarcó que en el AMBA «se entró de lleno en la segunda ola», y dijo que nadie se «enamora» de medidas como la suspensión de las clases presenciales sino que «se trata de combatir una pandemia con los elementos» que se tienen «a mano».

Clases: la Corte Suprema define en la segunda ola

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que otras 248 personas murieron y 20.461 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 59.476 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.714.475 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó, además, que son 4.304 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 65,8% en el país y del 74,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación actualizado a las 18, el total de inoculados asciende a 6.401.896, de los cuales 5.593.620 recibieron una dosis y 808.276 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 7.969.508. El reporte también consignó que murieron 111 personas en la provincia de Buenos Aires y 30 en Capital Federal, distritos en los que se registraron 10.515 y 2.996 nuevos contagios, respectivamente.

Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

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