Con respaldo de la Justicia y del Municipio, un banco le deberá devolver $9 millones a una vecina de San Isidro
La Justicia confirmó la sanción impuesta por Defensa del Consumidor de San Isidro tras un reclamo efectuado con fundamentos inapelables por la clienta.
El fallo judicial ratificó la decisión de Defensa al Consumidor de San Isidro.
Una vecina de Martínez consiguió un importante respaldo judicial luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmara una sanción de casi $9 millones contra el Banco Santander, tras un conflicto originado por consumos fraudulentos registrados en su tarjeta de crédito.
El caso comenzó el 20 de mayo de 2024, cuando la mujer ingresó a su homebanking y descubrió una serie de operaciones que desconocía por un total de $7.116.189. De inmediato realizó el correspondiente desconocimiento de los cargos ante la entidad emisora de la tarjeta.
Sin embargo, según consta en el expediente administrativo, el banco rechazó en reiteradas oportunidades sus reclamos. Con el paso de los meses solo reconoció dos de las operaciones cuestionadas, por $62.400 y $480.000, mientras continuó reclamándole el pago del resto de la deuda sin brindarle una explicación técnica sobre el origen de los consumos.
Frente a la falta de respuestas, la vecina decidió presentar una denuncia ante la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Isidro, que inició un procedimiento administrativo para analizar el caso y convocó a ambas partes a distintas instancias de conciliación.
Durante ese proceso se realizaron cuatro audiencias, aunque el Banco Santander no asistió a dos de ellas, pese a haber sido notificado correctamente. Esa conducta también fue considerada como un incumplimiento por parte del organismo municipal.
Por qué Defensa del Consumidor sancionó al Banco Santander
Tras analizar la documentación presentada por las partes, la Dirección General de Defensa del Consumidor concluyó que la entidad financiera incumplió con su obligación de brindar información clara, suficiente e inequívoca sobre las transacciones desconocidas denunciadas por la clienta.
Por ese motivo resolvió aplicar una multa de $7.396.800, al considerar que el banco no respondió de manera adecuada al reclamo ni aportó elementos que permitieran esclarecer el origen de los consumos.
A esa sanción se le agregó una segunda penalidad de $1.541.000, debido a que la entidad faltó a dos de las cuatro audiencias de conciliación convocadas durante el expediente administrativo.
De esta manera, el monto total de las multas ascendió a $8.937.800, una cifra cercana a los $9 millones que ahora quedó firme luego de la resolución judicial.
Desde el organismo municipal remarcaron que las entidades bancarias tienen la obligación legal y profesional de garantizar la seguridad de sus plataformas digitales y no pueden trasladar a los usuarios el riesgo tecnológico ni exigirles que demuestren que no realizaron las operaciones denunciadas.
Qué resolvió la Justicia y qué implica este fallo
Luego de recibir las sanciones, el Banco Santander presentó una apelación con el objetivo de dejar sin efecto las multas impuestas por Defensa del Consumidor de San Isidro.
No obstante, la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó los argumentos de la entidad financiera y confirmó íntegramente la resolución administrativa, por lo que las sanciones quedaron firmes.
Como consecuencia del fallo, el banco deberá afrontar el pago de las multas, cuyos montos serán actualizados al momento de su liquidación, conforme a lo establecido en la resolución judicial.
Desde Defensa del Consumidor destacaron que el fallo constituye un respaldo al trabajo que realiza el organismo en defensa de los vecinos. Además, recordaron que las ausencias injustificadas a las audiencias de conciliación también pueden ser sancionadas, ya que dificultan la búsqueda de una solución para los consumidores.
El caso se suma a otros expedientes impulsados por el área de Defensa del Consumidor de San Isidro, que en los últimos meses obtuvo resoluciones favorables para vecinos afectados por conflictos con bancos, empresas de medicina prepaga y compañías de servicios, consolidando un antecedente relevante para quienes atraviesan situaciones similares.
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