Quién es Ricardo Elliot, el ex funcionario de Pilar que involucran en el incendio que generó el apagón masivo
Se investiga el origen del siniestro en General Rodríguez que dejó a más de 20 millones de personas sin luz. Se apunta a un predio que le pertenece al ex secretario de Servicios Públicos en la gestión de Nicolás Ducoté.
En medio de la novena ola de calor del año, más de 20 millones de personas se quedaron sin luz el miércoles debido a un gran apagón. La causa del incidente fue un incendio en un campo ubicado cerca de General Rodríguez, que afectó al tendido eléctrico de alta tensión que une esta localidad con Campana. La falla provocó que salieran de servicio 10.000 megawatts de los 25.000 que se estaban generando en ese momento.
El incendio que desató el apagón que dejó al 40% del país sin suministro eléctrico se originó en un campo privado de la zona. Su dueño, según indicó el portal Qué Pasa Web, es Ricardo Elliot, quien fuera funcionario de la Secretaría de Servicios Públicos durante la gestión del macrista Nicolás Ducoté, ex intendente de Pilar.
Desde el Gobierno se cree que el fuego fue intencional. El ministro de Economía Sergio Massa realizó una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Campana para que se investigue el hecho. El secretario de Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, coincidió con las sospechas de Massa y manifestó que “lo que causó un poco de preocupación es que los focos de incendio son muy puntuales, debajo de la línea de tensión”.
En tanto, desde la cartera advirtieron que se utilizarla la tecnología de aplicaciones satelitales para poder dar con los responsables que ocasionaron el incendio que dejó sin luz a medio país. Con más de 100 bomberos trabajando en la zona, el incendio fue controlado y pasadas tres horas el servicio comenzó a reestablecerse pero, sin embargo, aún hay usuarios que continúan sin energía eléctrica.
Incendio en un campo de Campana: por qué se apunta a Ricardo Elliot
Una vez controlado el foco, la Justicia comenzó a investigar la causa debido a las sospechas del Gobierno sobre la intencionalidad del origen del fuego. En las últimas horas se sumó un nuevo dato: los terrenos que se incendiaron y generaron la salida de funcionamiento de la central Atucha I pertenecerían a Ricardo Elliot, un funcionario que el ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, tuvo durante su gestión.
Durante el gobierno de Nicolás Ducoté, alfil de Juntos por el Cambio, Elliot se desenvolvió como secretario de Servicios Públicos del Municipio de Pilar. En su cuenta de Twitter, que está inactiva desde abril de 2018, se define como «Licenciado en Relaciones Internacionales, profesor de polo, barítono. nacionalista y patriota de nuestra amada Argentina».
De hecho, en una de sus publicaciones, de agosto de 2017, se lo puede ver cantando en un acto oficial en el distrito del norte del Conurbano. «Gracias a @PilarTurismo x permitirme cantar Aurora y el Himno Nacional en la apertura de la II Pre Fiesta Provincial del Locro @NicoDucote», dice el tuit.
Mientras Ducoté espera ir a juicio oral por un caso de corrupción durante su gestión, Eliott también fue apuntado por presuntas irregularidades en su paso por la función pública. De acuerdo con la investigación de RealPolitik, Elliot llevó adelante “un entramado de negocios para beneficios propios y de sus familiares”.
El negocio vinculaba a una empresa que le pertenecía a Viviana Guadalupe Pérez, madre de Elliot, y a Bautista Martín Elliot, hermano del ex funcionario. La intención era realizar una tosquera con fines comerciales para luego utilizarla como descarga de residuos urbanos. Se cree que allí mismo se desató intencionalmente el incendio.
Por último, cabe destacar que el ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, deberá enfrentar este año un juicio oral en su contra por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”, en el cual también están involucrados varios de sus funcionarios. De ser declarado culpable, el macrista podría recibir una pena de hasta seis años de prisión.
Ducoté será juzgado por el desvío de más de más de $460 millones de la administración nacional entre 2016 y 2019, a través del pago de obras públicas que no se concretaron. También se lo acusa del cobro de comisiones indebidas en la entrega de microcréditos para mejoras en viviendas. La Justicia considera que hubo “pago de sobreprecios” y “erogaciones” por obras que nunca fueron hechas.