Otro revés para Nicolás Ducoté: la Corte confirmó que el ex intendente de Pilar irá a juicio oral por corrupción

Pilar. Política
·
2 de diciembre de 2022

El máximo tribunal de la Nación rechazó la apelación que había presentado el ex jefe comunal. Está acusado de desviar fondos del Gobierno nacional para obras que finalmente no se hicieron en dos barrios pilarenses.

El ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, enfrentará un juicio oral por corrupción. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo confirmó al rechazar la apelación que había presentado el acusado para evitar esa instancia a la que había sido elevada la causa en abril pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

La causa se originó a raíz de la denuncia realizada en 2019 por la concejal del Frente Pilarense, Paula González. Así, tendrá a Ducoté en el banquillo de los acusados por el presunto desvío de más de $460.000.000 del Gobierno nacional para obras públicas que debían realizarse en los barrios Peruzzotti y Monterrey a través de un convenio firmado entre el Municipio con el Ministerio del Interior en 2016 para la construcción de viviendas.

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En el expediente se pone la lupa sobre una transferencia de poco más de $109.000.000 del Estado Nacional para construir viviendas en el barrio Monterrey, cuando en la cuenta municipal quedaron $99.000.000 y no hubo justificación sobre esa diferencia de diez millones de pesos faltantes.

También se mencionan irregularidades denunciadas en otros dos convenios: señala cobros de comisiones indebidas en la entrega de microcréditos para mejoras en viviendas y desvíos en los fondos de un convenio para la construcción de una planta de líquidos cloacales en el barrio Peruzzotti.

Otro revés Nicolás Ducoté: la Corte confirmó que el ex intendente de Pilar irá a juicio oral por corrupción
Las obras que investiga la causa que llevará a juicio a Nicolás Ducoté iban a hacerse en los barrios Monterrey y Peruzzotti.

El juicio se llevará a cabo en 2023 aunque no se definió en qué mes y no sólo será juzgado Nicolás Ducoté, sino también varios ex funcionarios sobre los que ya se hicieron embargos millonarios y están imposibilitados de salir del país: Guillermo Iglesias, ex secretario de Obras Públicas municipal; Osvaldo Caccaviello, ex director general de Calles y Red Vial; Sandra Sosa, ex subsecretaria de Obras Públicas; y Juan Pablo Martignone, el ex jefe de gabinete municipal. No se descarta que la causa pueda procesar a otros ex funcionarios nacionales y municipales.

A su vez, otros acusados son representantes de empresas vinculadas a las obras públicas en Pilar como Sergio Russo y Norberto Giulianelli, presidente y representante técnico respectivamente de la firma Tordel S.A; y Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme S.A., Servicios y Gestiones S.A. y Alpin S.A; Fernando María Bonafede, representante legal de la UTE Vialme S.A, Servicios y Gestiones S.A. y Alpin S.A; y Federico Leonhardt, presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar Sapem.

Nicolás Ducoté también es investigado por lavado de dinero

El ex intendente de Pilar está en la mira de la Justicia por otra causa por lavado de dinero. La fiscal provincial de Don Torcuato, Virginia Toso, acusó al ex jefe comunal como «actor principal» de una maniobra ilícita por contratar entre 2015 y 2019 a una «ONG fantasma» que no llegó a prestar servicios. Y la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro habilitó al juez González Charvay, a seguir la investigación.

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El expediente apunta a que la Asociación Creando Familia y Futuro, que aseguraba dedicarse a políticas públicas sociales y que le emitió tres facturas consecutivas a la Comuna en 2017 por un monto total de $1.169.000, no participó de un proceso licitatorio sino que fue adjudicada directamente.

Otro revés Nicolás Ducoté: la Corte confirmó que el ex intendente de Pilar irá a juicio oral por corrupción
El ex intendente está acusado de lavado de dinero por la contratación a una cooperativa de reciclado, adjudicada sin licitación.

En 2018, fue también la concejal Paula González (hoy funcionaria del gobierno de Federico Achával y la misma) la que denunció penalmente que tampoco se encontraron registros de la contraprestación brindada por el pago. La Justicia certificó que los domicilios declarados en la AFIP por la ONG y donde debería estar en funcionamiento (uno en CABA y el otro en la localidad de Florida, en Vicente López) corresponden a viviendas familiares que no tienen ningún vínculo con la entidad. Su presidente, Edgardo Jalil, quien luego fue funcionario municipal de Tigre, quedó imputado.

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