Dura advertencia de la empleada doméstica imputada por el doble crimen de Vicente López: “Si voy a juicio, me mato”

Pasaron más de cinco meses del doble crimen de Vicente López, en el que fueron asesinados dos jubilados. María Ninfa «Nina» Aquino (64), la empleada doméstica del matrimonio que mataron a sangre fría en su casona de la calle Melo al 1100, sigue como imputada en la causa judicial. Por ello fue que su abogado, Hugo López Carribero, volvió a pedirle a la Justicia su sobreseimiento.

Nina Aquino fue quien encontró sin vida a Enrique Del Río (75) y su esposa María Mercedes Alonso (72) el 26 de agosto cuando ingresó a la vivienda. Estaban dentro de su auto y habían sido asesinados a balazos. Además, en el domicilio se registró el faltante de 10.000 dólares, un millón y medio de pesos, 50 lingotes de oro de diez gramos cada uno y varios diamantes que habían sido robados.

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Aquino fue la primera detenida por el doble crimen y estuvo doce días presa hasta ser excarcelada. Recuperó la libertad el mismo día que el caso dio un giro abrupto. De inmediato fue detenido Martín del Río (47), el hijo del matrimonio, acusado de idear un plan para matar a sus padres cuando ellos estaban a punto de descubrir su trama de mentiras para quedarse con sus bienes.

El imputado está tras las rejas desde octubre pasado y lo investigan por los delitos de doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae (matar para lograr la impunidad), con una condena prevista de prisión perpetua.

La empleada doméstica, en la mira de la Justicia de Vicente López

Tras el arresto de Del Río, Aquino continuó imputada hasta el día de hoy. Para la Justicia, ella fue la «entregadora» y se abrieron otras líneas de investigación en torno a su vínculo con el matrimonio, para el que trabajaba hacía 12 años.

En otras oportunidades, su abogado pidió el sobreseimiento al juez de Garantías de San Isidro, Ricardo Costa, pero fue denegada por el argumento de los fiscales de Vicente López; Marcela Semeria, Alejandro Musso y Martín Gómez; de que quedaban pericias pendientes de producción.

López Carribero presentó un documento al magistrado en el que expresó que «es criterio de esta defensa que una vez vencidos los plazos de la investigación penal preparatoria, no existiendo medios de prueba pendientes de producción, debe dictarse el sobreseimiento del encausado».

Su angustia y una dura advertencia pública

Sobre su situación judicial, María Ninfa Aquino habló públicamente. «Yo no tengo nada que ver, quiero el sobreseimiento y confío en que mi abogado, el doctor López Carribero, lo va a lograr. Ando con presión alta, vengo de tener 19. Tengo ataques de llanto, por las noches lloro mucho. No estoy para nada bien, esto es muy doloroso para mí. No sé por qué los fiscales me hacen esto. Me culparon a mí por ese monedero desgraciado», dijo en relación a uno de los elementos que la Policía Bonaerense secuestró en su casa de Tres de Febrero.

«Es muy sencillo. La señora (por María Mercedes Alonso) me regaló un montón de cosas. Yo había guardado plata en el monedero y después lo perdí y después le pregunté a mi nuera si vio el monedero y nadie lo encontró, nadie», había mencionado sobre el origen de ese objeto.

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También aseguró, sobre el video en que se ve a una persona caminar cerca de la casa del matrimonio asesinado, que «ese es Martín Del Río y la ropa es del padre». Y dijo reconocer la indumentaria «porque la planchaba todos los días». Y agregó: «No sé en qué cabeza cabe que me acusen de cómplice de Martín. Yo no hablaba mucho con él. Esto es tremendo. No tengo idea qué pudo pasar por la cabeza de él para hacer esto si es el responsable».

«Estoy muy triste y no es para menos. La injusticia es lo que me pone mal. Yo ese día fui a trabajar y después me mandaron presa. Todo es muy doloroso porque yo no hice nada. A la noche me acuesto y rezo. Estoy muy enferma. No tengo que soportar esta injusticia. Dios ve todo y de Dios no se escapa nada, esto tampoco», expresó.

En ese sentido, advirtió: «Si voy a juicio por algo que no cometí, vivo cerca de la estación de tren de Pablo Podestá y ahí soluciono los problemas. Me mato. Siento mucha bronca, mucha angustia por esto que me están haciendo». Su futuro está en manos del juez de San Isidro, Ricardo Costa, que había rechazado el pedido de sobreseimiento en noviembre pasado y deberá definir en los próximos cinco días hábiles (aunque el plazo podría extenderse) su dictamen.