Ciudad Evita: cayó el líder de una banda de policías que usaba la comisaría para hacer secuestros exprés
La atraparon en su casa de Rafael Castillo, luego de un mes de búsqueda. Se lo acusa de integrar una organización delictiva que reclutaba delincuentes y los mantenía cautivos en la seccional mientras se le pedía plata a sus parientes.
Daniel Inverardi, el teniente de Ciudad Evita que terminó detenido como parte de la banda de policías.
Un teniente de la Policía bonaerense con pedido de captura fue detenido en las últimas horas en Rafael Castillo tras ser acusado de integrar una banda conformada presuntamente por efectivos de esa fuerza y un civil que ejecutó dos secuestros extorsivos con ocho víctimas a las que mantuvieron cautivas en un destacamento policial de Ciudad Evita, mientras le pedían rescate a sus familias para que no queden detenidas.
Se trata del teniente Daniel Alfredo Inverardi, ya desafectado de la Policía de la provincia de Buenos Aires, quien desde hace un mes se encontraba prófugo en el marco de esta causa por secuestros extorsivos que está a cargo de fiscal federal 2 de Morón, Mariela Labozzetta, el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), Santiago Marquevich, y el juez federal 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez.
Inverardi fue detenido el martes en un allanamiento realizado por detectives de la División Operativa Central del Departamento Antisecuestros de la Policía Federal Argentina (PFA), en su domicilio de Rafael Castillo, partido de La Matanza.
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Tras una serie de tareas de inteligencia y análisis de comunicaciones, los investigadores tenían el dato de que Inverardi había regresado a su hogar. El teniente se transformó así en el séptimo imputado en esta causa en la que ya otros cinco policías que trabajaban como él en el destacamento policial José Ingenieros de Ciudad Evita, partido de La Matanza, y un civil se encuentran detenidos y ya elevados para juicio oral.
Esos otros acusados fueron identificados como el subcomisario Héctor Ricardo García, el subteniente Matías Ezequiel Castillo, el oficial subayudante Alan Juan José Vallejos, la sargento María Teresa Schinocca y la oficial Samantha Anahí Linares. Mientras que el único imputado civil es Ramón Eduardo “Tati” Medina.
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En el requerimiento de elevación a juicio que difundieron el mes pasado, los fiscales Labozzetta y Marquevich sostuvieron «que la maniobra delictiva fue llevada a cabo, casi en su totalidad, por efectivos policiales que se encontraban en ejercicio de sus funciones», quienes «hicieron uso indebido del poder que detentaban» y «cometieron los hechos intentando encubrirlos bajo el manto de un procedimiento legal».
Los hechos delictivos denunciados tuvieron lugar el 28 de septiembre y el 13 de octubre de 2020, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia. Según consta en la investigación, esos días se realizaron dos secuestros extorsivos con cuatro víctimas en cada uno.
En ambas ocasiones, las víctimas habían acordado encontrarse con uno de los imputados, el único civil acusado de integrar la banda, a fin de cometer un robo. Sin embargo, cuando llegaban al lugar de encuentro, eran interceptados por los oficiales de Policía, quienes los reducían, golpeaban e insultaban, para luego trasladarlos al destacamento José Ingenieros, en Ciudad Evita, desde donde los obligaban a comunicarse con sus familiares para exigirles dinero a cambio de su liberación.
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Según el requerimiento de los fiscales, los dos hechos «fueron ejecutados en forma coordinada sobre la base de un plan común previamente pergeñado» y que los imputados «tenían pleno conocimiento del accionar criminal y sus voluntades estuvieron encaminadas hacia el éxito del plan delictivo».
«Estas circunstancias nos llevan a afirmar que estas personas pusieron en marcha todo un ardid cuyo objetivo era proceder al secuestro de las víctimas para cobrar rescate por su liberación, no previendo en ninguno de los casos que iba a ser investigado judicialmente ya que resultaba poco probable que un grupo de víctimas que se encontraban en un determinado lugar para cometer un delito fueran a denunciar el hecho del que fueron víctimas finalmente», indicaron Labozzetta y Marquevich.
En el primer hecho, las víctimas recuperaron la libertad luego de que sus familiares entregaran 300 mil pesos en las inmediaciones del Hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita, ubicado a pocas cuadras del destacamento al que pertenecían los policías imputados.
Mientras que, en el segundo suceso, los secuestrados fueron liberados sin que se llegara a pagar el rescate en el barrio porteño de Constitución, donde se había acordado la entrega. Las víctimas denunciaron que en ambos casos los ocho jóvenes fueron golpeados y despojados de algunas de sus pertenencias.
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Por lo tanto, en base a las pruebas colectadas durante la investigación, Labozzetta y Marquevich solicitaron que parte de agentes integrantes del destacamento policial de José Ingenieros vayan a juicio por ser «coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate, por la intervención de tres o más personas, y por ser miembros de una fuerza de seguridad; robo agravado por haberse cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, cometido en poblado y en banda y por ser sus autores miembros de una fuerza de seguridad; e incumplimiento de deberes de funcionario público».
Por los mismos hechos, aunque sin el agravante de ser integrante de una fuerza de seguridad, se requirió la elevación de la investigación respecto del civil, que es de profesión comerciante. Por último, la fiscalía solicitó la extracción de testimonios para ahondar en la investigación respecto a otros posibles partícipes del hecho investigado.
