Un acuerdo en seguridad más allá de la grieta: por más capacitación y descentralización policial
Diego Kravetz, jefe de Gabinete de Lanús, y Gonzalo Ruanova, ex secretario del Consejo de Seguridad de la Nación, muestran el consenso para mejorar la prevención sin que las ideologías conspiren contra el bien común.
Diego Kravetz, jefe de Gabinete y responsable de la Seguridad en Lanús.
Por Diego Kravetz y Gonzalo Ruanova
Cuando el Estado falla como garante del orden público, empiezan a proliferar mesías truchos de soluciones mágicas. El eslogan y la moralina se imponen a la razón y la ley. Como en las arenas movedizas, los políticos asustados (del delito y de la policía) salen a “decir cosas». Más para conformar al sentido común que para resolver lo complejo. Sin embargo, toda realidad negada trama su venganza, y así los problemas se agravan en vez de resolverse.
Termina sucediendo que el urgentismo impide trazar estrategias efectivas de mediano plazo. La seguridad pública es la plataforma sobre la que los derechos dejan de ser retórica políticamente correcta.
El delito y la violencia en una sociedad profundamente desigual afecta de manera desproporcionada a los sectores de clase media y, sobre todo, a los más postergados.
Los robos predatorios de celulares, bicicletas y motos, las entraderas, los cortes de ruta, el narcotráfico y los consumos adictivos, las mujeres usadas como mulas o dealers y el gatillo fácil hacen insoportable la vida en los barrios y las periferias.
El Estado debe garantizar entonces el “orden democrático”. Darle músculo a la seguridad pública es indispensable para que la ley, y no la fuerza, se imponga en la regulación de la convivencia.
Mejor seguridad pública, policías más efectivos, con medios más modernos y mejor controlados. Esa es la mayor contribución estatal para que los vecinos vivan mejor. Para generar un ecosistema social fundado verdaderamente en la libertad.
La seguridad más allá de las ideologías
Los trabajadores y los expulsados del sistema también reclaman ese orden. Confundir ideológicamente esta demanda, adjudicándole una vocación autoritaria a quienes temen convertirse víctimas, sirve sólo para nutrir el almácigo de populistas delirantes.
Los menos favorecidos piden esperar el colectivo sin que los roben en la parada. Quieren llegar a horario a laburar y no perder el presentismo porque una minoría tiránica cree que su causa justifica piquetes al imponer retenes en las rutas.
El orden que reclaman los ciudadanos es volver del trabajo sin las vías cortadas. Es caminar por la calle sin tener que andar mirando para todos lados, a cualquier hora, por temor a que los violenten.
Las soluciones no son patrimonio exclusivo de políticos y policías. Este desafío implica repensar todo el juego: el tablero, las fichas y los movimientos. Es decir, la sociedad, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, su formación y sus protocolos de actuación.
Hace poco más de una década fue creado el Ministerio de Seguridad con el objetivo de garantizar la conducción política de las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria). También para de proponer espacios de participación comunitaria y social en la lucha contra el delito.
Hoy, la situación de urgencia nos exige aumentar la descentralización de las fuerzas, hacer más eficiente su formación y entrenamiento, incorporar tecnología para la prevención y la investigación criminal, mejorar la comunicación con jueces y fiscales para lograr allanamientos oportunos y construir espacios de participación ciudadana en todo el territorio.
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Además, asignar de manera racional los recursos disponibles. De poco sirve un policía rural haciendo rondas nocturnas en el Gran Buenos Aires. Tenemos que avanzar en esquemas guiados por datos, y operaciones de vigilancia y acciones múltiples apoyadas en drones.
Flexibilidad, adaptabilidad y dinamismo para ganarle a las logísticas criminales. Más policías, más destacamentos, más comisarías, no siempre mejoran por sí mismas la performance del sistema de seguridad.
Es imprescindible tener bien en claro las competencias jurisdiccionales, pero nunca abandonar el cuidado de los ciudadanos. Los delitos federales son competencia del Estado nacional, pero para su combate se debe trabajar con las fuerzas provinciales.
Asimismo, las fuerzas provinciales deben abocarse a los delitos de su competencia y trabajar en conjunto con las policías locales. La prevención de delitos en la vida comunitaria es siempre mucho más eficaz si hay cercanía. Esa cercanía hoy no se logra por fuera de las plataformas digitales en las que interactúa la gente.
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En otras palabras, la policía de prevención (hoy la Policía Local en la provincia de Buenos Aires), el comando de patrullas y las comisarías, deben estar en cabeza del intendente pero con un control cruzado con la provincia. para evitar tentaciones autocráticas y retrocesos feudales.
La reorganización de las policías municipales será un paso auspicioso porque son las autoridades de los municipios las que conocen mejor que nadie las problemáticas locales. Pero como estamos frente a delitos y organizaciones criminales que tienen un marco de acción más amplio, se requiere de una aceitada coordinación con las fuerzas provinciales y federales. Es imprescindible un contralor provincial.
La creación de las Policías Locales en la provincia de Buenos Aires implicó el reconocimiento del rol estratégico de los gobiernos municipales en la producción de seguridad ciudadana y en la gestión de más efectivos de proximidad, otorgándoles un papel protagónico en la conformación de estas nuevas unidades. Es imprescindible unificar el mando y control en un responsable de la planificación, ejecución y control del despliegue policial. Para que pueda coordinar con los municipios cercanos y con las policías provinciales y federales que actúan en el cada municipio.
La profesionalización de las fuerzas supone el diseño de una carrera previsible y salarios acordes al rol de los uniformados: los bajos sueldos de los agentes los obliga a realizar horas extras, lo que afecta la calidad del servicio en general, debido al cansancio, y restringe el tiempo que pueden dedicarle a capacitación y desarrollo profesional individual.
La realidad pide respuestas inmediatas
Se trata de un punto crítico. En 2020, dos de cada tres agentes federales asesinados no estaban en servicio. El 80% de estos asesinatos ocurrieron en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 20% en el interior del país.
La capacitación policial hoy está centrada en operaciones de rutina que deben realizar las fuerzas mientras están de servicio y muy poco en las situaciones en las que se enfrentan a diario cuando vuelven a sus domicilios.
Fuera del ámbito de desempeño policial, sin apoyo del camarada, sin comunicaciones ni móviles de refuerzo, el empleado policial que no se encuentra de uniforme debe contar con la formación específica que minimice el riesgo de victimización.
Un ex secretario de Seguridad dijo alguna vez que todo lo que se aprendía en la escuela de formación policial se olvidaba con solo una noche en una comisaría. Algo de eso puede ser cierto. La cultura policial contiene prácticas y comportamientos que no alcanzan con ser modificados por la formación inicial de los cadetes. Modificar una cultura organizacional no es fácil, pero tampoco imposible.
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Cuando los incentivos para el progreso profesional, no solo el material, son tan débiles, se afecta en pocos años la vocación de los agentes que entraron a la carrera policial guiados por la noción de servicio público y terminan siendo atraídos por otras posibilidades menos nobles por afuera de las fuerzas.
La capacitación profesional debe estar, entonces, orientada a especialidades bien concretas como la inteligencia criminal, cyberdelito, narcotráfico, contrabando, terrorismo, fraude bancario, custodias, criminalística, investigación criminal, operaciones policiales con apoyo aéreo y tecnologías de datos.
Los protocolos de actuación actuales han quedado obsoletos. Salvo la actualización de la doctrina de tiro, que la Policía Federal Argentina actualiza rutinariamente, la fuerza se rige por una ley de 1958.
Hoy, la doctrina de todas las fuerzas de seguridad del país es poco clara y ha sido tan manoseada que muchos policías no saben cómo actuar por temor a ser detenidos por abuso de autoridad.
En conclusión, resulta imprescindible que un nuevo acuerdo por una seguridad democrática garantice un mejor orden ciudadano para una mayor calidad democrática.
Sin fuerzas de seguridad profesionalizadas, descentralizadas y mejor equipadas, los artificios de corto plazo seguirán multiplicando el ciclo de crisis y desestabilidad
