Histórica condena para la banda que quiso copar una comisaría en San Justo

El 30 de abril de 2018, a las 5.05 de la mañana, una banda de delincuentes irrumpió en la Comisaría Distrital Noreste 1ª de San Justo en el afán de liberar a un secuaz que se encontraba detenido en uno de los calabozos, se tiroteó con policías que estaban de turno en la seccional y, en el intercambio de disparos, hirieron de gravedad a una oficial que quedó parapléjica. Por ese episodio, los atacantes fueron condenados a 50 años de prisión por un tribunal de La Matanza, la pena máxima prevista en el Código Penal.

Los cuatro condenados a medio siglo de cárcel por las tentativas de homicidio de los policías son Leandro David Aranda (25) -el preso que iba a ser rescatado-, su esposa Zahira Ludmila Bustamante (22), Tomas Axel Sosa (22) y Sebastián Ariel Rodríguez (42), mientras que el imputado Gonzalo Fabián D’Angelo (25) fue condenado a 8 años de cárcel como participe secundario y la abogada Leticia Analía Tortosa (41), a 3 años de prisión condicional pero sólo por el delito de «facilitación a la evasión». En tanto, otros dos imputados que llegaron a juicio detenidos, Daniel Alberto Rodríguez (33) y Bruno Damián Postigo Marullo (22), fueron absueltos por el tribunal.

Fue unánime el fallo del Tribunal Oral en los Criminal (TOC) 4 de La Matanza, integrado por los jueces Gerardo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno. Por razones de seguridad, la lectura del veredicto se realizó en la sede de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) de La Matanza, ubicada en el cruce de autopista Ricchieri y Ruta 4, en la zona de Puente 12, y también se transmitió en forma virtual a través de la plataforma Teams.

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Entre los fundamentos, los jueces destacaron «el arrojo homicida dirigido hacia una institución del Estado provincial» y el «dolo homicida hacia cuatro funcionarios policiales» demostrado por la «banda atacante» cuando intentó rescatar a su jefe.

Condena histórica y máxima seguridad

El juicio había comenzado de manera semipresencial el 26 de marzo pasado con los jueces, abogados y testigos en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, pero desde los alegatos se eligió la Departamental La Matanza como sede para extremar las medidas de seguridad ante la peligrosidad de la banda.

En su alegato del lunes y apelando al máximo que el Código Penal permite por sumatoria de penas, el fiscal Ariel Speranza Rossi había pedido los 50 años de cárcel para siete de los imputados. Eligió la calificación de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas ‘criminis causae’, contra un miembro de las fuerzas públicas y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego -reiterado en cuatro oportunidades- en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los cuales concursan realmente entre sí, todo lo cual concursa idealmente con el delito de evasión agravada en grado de tentativa».

En el caso de la abogada Tortosa, se la acusó de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a Aranda el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se contactó con la banda.

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El principal acusado es Aranda, quien estaba preso desde 2017 por un crimen narco en una villa de La Matanza -hecho por el que ya está condenado a 10 años-, y según la fiscalía, «tenía problemas afuera» y debía salir de la comisaría porque «había mejicaneado a un narco de la villa 1-11-14» de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando declaró en el debate, Aranda confesó haber ideado el plan para que lo rescaten, pero negó que la idea fuera entrar a matar policías, dijo que entre los detenidos había inocentes y trató de desvincular a su esposa Bustamante, quien según la acusación fue a rescatar a su marido con un bebé de pocos meses.

El fiscal dio por probado que en el episodio, ocurrido el 30 de abril de 2018 en la comisaría Distrital Noroeste 1ª. San Justo, los imputados intentaron rescatar a tiros a Aranda de uno de los cuatro calabozos de la seccional, en el que esa madrugada había un total de 43 detenidos, pero la resistencia de los policías, que lograron repeler con sus armas la agresión, hizo que la banda abortara el golpe.

La sargento Alejandra Rocío Villarreal fue la única de los cuatro policías atacados alcanzada por dos disparos que le provocaron lesiones «gravísimas» y la dejaron parapléjica.