En Morón la Comuna implementó una drástica medida contra los deudores de cuotas alimentarias
La determinación del intendente Lucas Ghi está en sintonía con una ley provincial que creó un registro que detecta a personas que no pagan la manutención de menores. Así, buscan proteger «a los más vulnerables».

Ghi dijo que el Estado está siempre "al servicio de quienes más necesitan".
Desde ahora, en Morón los deudores alimentarios no podrán habilitar comercios. Así lo anunció el intendente local, Lucas Ghi, en sintonía con la ley provincial 13.074, actualizada por ley 15.520, que creó el Registro de Deudores Alimentarios que tiene por objeto registrar por orden judicial a todo obligado u obligada al pago de alimentos por sentencia firme o convenio homologado judicialmente.
“Estamos en un contexto de mucha confrontación y de mucho desafío y que, lejos de hacernos vacilar, lo que vamos a hacer es ir con toda decisión para adelante, con más propuestas, con un Estado siempre al servicio de quienes más necesitan, de quienes son las más desfavorecidas, las más vulnerables”, dijo Ghi.
El jefe comunal agregó que “en ese marco, esta mañana me llegó la propuesta de nuestra Jefa de Gabinete, que tiene que ver con que al momento de otorgar una habilitación comercial deberán presentar el certificado que acredite que están al día en el registro de deudores alimentarios”.
Morón: las razones de la medida
Y remarcó: “Nadie va a poder habilitar una actividad comercial o industrial en Morón si no está al día con sus obligaciones en materia de compromiso alimentario para sus niños y niñas”.

La presentación de la medida se realizó junto a la ministra de Género de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, en el Salón Mariano Moreno del Palacio Municipal. También formaron parte de la presentación la jefa de Gabinete, Estefanía Franco, y la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad, Laura De Peri.
“Fortalecemos la intervención del Estado, fortalecemos las redes, y lo hace la Provincia con los municipios y con las organizaciones, no se puede de otra manera”, dijo por su parte Díaz.
Además, la ministra bonaerense dejó en claro que “esto es un mandato clarísimo del gobernador Axel Kicillof, que dice que hay que construir un gobierno de cercanía, de militancia y de transparencia. Pero para nosotros y nosotras es fundamental fortalecer la institucionalidad estatal porque la ciudadanía se fortalece más cuando está organizada”.
El anuncio se hizo en el marco de las jornadas de formación Red Orgullo para trabajadores y trabajadoras municipales. Se trata de distintas instancias de capacitación que tuvieron como objetivo que las y los participantes, a partir de los contenidos abordados, puedan desarrollar estrategias que promuevan el acceso a los derechos de la comunidad LGBTI+.
Deudores alimentarios: otras limitaciones
La restricción para habilitar comercios en Morón se suma a una serie de sanciones y limitaciones que ya rigen en distintos niveles del Estado argentino para presionar el cumplimiento del pago de alimentos. El marco legal busca que el «incumplidor» sienta el peso de la ley en sus actividades cotidianas y civiles.

Las principales prohibiciones vigentes en el país son las siguientes:
- Renovación de Licencia de Conducir: en la mayoría de las jurisdicciones, incluyendo la Provincia de Buenos Aires, es obligatorio presentar el certificado de libre deuda alimentaria para obtener o renovar el registro de conducir.
- Obtención del pasaporte: los deudores morosos pueden ser inhibidos de tramitar o renovar su pasaporte, lo que les impide salir legalmente del país hasta que regularicen su situación.
- Créditos bancarios: las entidades financieras están obligadas a consultar el registro antes de otorgar préstamos o aperturas de cuentas corrientes.
- Candidaturas políticas: quien figure en el registro de deudores no puede postularse a cargos electivos ni ser designado como funcionario público en diversos estamentos estatales.
- Participación en licitaciones: las empresas cuyos dueños o directivos tengan deudas alimentarias suelen quedar excluidas de los procesos de compras y contrataciones del Estado.







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