Se supo qué universidad del Conurbano será la primera que va a auditar el gobierno de Javier Milei y qué pasará con la UBA
El director de la SIGEN, Miguel Blanco, detalló el proceso y confirmó que se iniciará la semana que viene. Cuánto tardará la investigación en la icónica casa de altos estudios y qué pasará si descubren corrupción.
La UNLaM advirtió por una severa crisis que pone en riesgo su funcionamiento y su sede está actualmente tomada.
En medio de las protestas universitarias por el veto de Javier Milei al presupuesto universitario 2025, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) confirmó que a partir de la semana que viene iniciarán con las auditorias de las distintas universidades nacionales. Según se conoció, el proceso iniciará con la Universidad de La Matanza (UNLaM) y revelaron cómo llevarán adelante la intención del Gobierno.
El organismo no reveló que sedes seguirán siendo auditadas en el futuro, aunque señalaron que lo harán en base a «volúmenes de fondos y calidad de convenios».
Miguel Blanco, director de la SIGEN, expresó en declaraciones radiales el organismo «ya había auditado en el pasado. Hasta el dictamen de Zannini de 2022 había un equipo que auditaba universidades, el equipo después tuvo que asignarse a otras partes, pero ahora lo estamos rearmando«.
Auditarán la Universidad de La Matanza
En cuanto al alcance de las auditorías, el directivo subrayó que el organismo se encarga fundamentalmente de ver el «sistema de control interno, estudiar los procesos y controles que hay en cada una de las reparticiones y después a través de un muestreo revisar el uso de los fondos», dijo en declaraciones al programa radial «No hay plata».
Y aclaró que no intervendrán en cuestiones relacionadas con la autonomía universitaria, tal como la designación de autoridades o la elección de carreras y profesores: «Eso no está dentro de nuestro alcance«.
Los resultados de las auditorías estarán disponibles para el público a través de los mecanismos de acceso a la información pública y podrían ser publicados en la página web del organismo. «Lo que hay que hacer es ver las facultades», dijo Blanco. Según deslizó, uno de los puntos que estarán bajo revisión son los convenios firmados. En concreto, si los trabajos encargados a las universidades se realizan con recursos propios o si, como ha ocurrido en algunas ocasiones, se subcontratan a terceros.
Blanco afirmó que cualquier indicio de corrupción se remitiría a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Sin embargo, es importante recordar que estos organismos también están bajo la dirección del Ejecutivo.
Blanco llegó a la SIGEN durante el gobierno de Milei, y ya dio una fecha probable de cuándo cree que podrían estar disponibles los resultados de las auditorías: «Dependerá del volumen de trabajo, pero de uno o dos meses a partir de comenzar el trabajo podríamos tenerlos, podemos emitir informes parciales».
Respecto de auditar la UBA, Blanco dijo que espera que «más allá de los reclamos, en muchos casos justificados que puedan tener en cuanto a los fondos y demás, hay un consenso de que los fondos tienen que ser auditados, es un tema de sentido común».
«Sé que ha habido planteos judiciales en el pasado en los que la Universidad de Buenos Aires ha pedido no ser sujeto de auditoría. Fue la única universidad en la que esto ocurre. No solo me formé en la UBA, sino que hice el secundario en una repartición que es el colegio Carlos Pellegrini, además fui profesor en ambos. Es mi alma matter la UBA y creo que por ser la más importante del país debería dar el ejemplo de transparencia«, cerró.
En este contexto de intervención, la comunidad académica se movilizó por completo. Se encuentra actualmente en pie de lucha organizando diversas acciones, incluyendo tomas de edificios, cortes de calle, clases públicas y una marcha de antorchas programada para hoy. Estas medidas son parte de su rechazo a la decisión de anular el proyecto de ley de financiamiento a las universidades nacionales.
En conclusión, la próxima auditoría a la Universidad de La Matanza marcará el inicio de un proceso que promete ser controversial, con ramificaciones que podrían influir considerablemente en el manejo de los recursos educativos en el país.
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