Tras el escrache en Ramos Mejía, Alberto Samid se queda sin salidas pero no vuelve a la cárcel
Tanto el fiscal que sigue la investigación como la AFIP, querellante en la causa, habían solicitado que al empresario se le revocara la prisión domiciliaria luego de que se lo filmara comiendo en un restaurante.
Luego de que se difundiera un video en el que se lo veía a Alberto Samid comiendo en un restaurant de Ramos Mejía cuando debía estar cumpliendo prisión domiciliaria, tanto desde la fiscalía que sigue el caso como desde la AFIP, en su rol de querellante, presentaron pedidos para que el empresario de la carne vuelva a prisión.
Como respuesta a esos planteos, el Tribunal en lo Penal Económico 1 decidió revocar las salidas laborales que le había otorgado a Alberto Samid, condenado por el delito de evasión impositiva, al mismo tiempo que mantuvo la prisión domiciliaria. Tras el fallo, ya no podrá salir a trabajar, como lo hacía, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 13.
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Los jueces Luis Gustavo Losada, Diego García Berro e Ignacio Carlos Fornari votaron de manera unánime para que Samid permanezca con prisión domiciliaria-que le fue otorgada por cuestiones de salud- a pesar de haber salido a almorzar cerca de su casa.
La presentación del fiscal
El primero en pedir el regreso a prisión del empresario fue el fiscal Gabriel Pérez Barberá, quien había emitido un dictamen ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 que estaba a favor de revocar el arresto domiciliario y el régimen de salidas laborales.
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«No es posible, a mi juicio, asumir un temperamento más benigno, pues es claro que el condenado Samid tiene serias dificultades para la asimilación de normas elementales de conducta que rigen para toda persona condenada o sujeta a proceso», sostuvo el fiscal en el escrito, según dio a conocer Télam.
La fiscalía se pronunció así luego que el empresario fuera filmado almorzando en «Paja Rota», un restaurante ubicado en pleno centro de Ramos Mejía, partido de La Matanza, el 21 de junio pasado. Según se pudo ver en el video que rápidamente se viralizó, el empresario tuvo que retirarse del lugar luego de que un grupo de mujeres lo escrachara.
Samid está condenado a 4 años de prisión por asociación ilícita y goza de arresto domiciliario con tobillera electrónica mientras la Corte Suprema de Justicia resuelve un recurso contra esa pena.
«Ha quebrantado injustificadamente su obligación de permanecer en su domicilio particular, dado que no cumplió las condiciones impuestas por el Tribunal al concederle autorización para egresar de su domicilio por motivos de índole laboral», agregó el fiscal quien, con esos argumentos, entendió que correspondía revocar los beneficios.
La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal informó a la Justicia que, ese lunes, Samid había regresado a su casa a las 13:40 horas, fuera del horario de la autorización laboral. Ante esa dirección, la defensa del empresario explicó que ese día “no pudo ejercer su actividad laboral debido a que los trabajadores del lugar habían realizado un paro” y que “por dicha razón dice haberse dirigido a una parrilla cercana a su domicilio a entregarle mercadería (carne), ya que había recibido un pedido del propietario de la misma, siendo esta una rutina de su desempeño laboral”.
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Pero esa información fue desmentido por los dueños del comercio. Al día siguiente del hecho, el empresario fue trasladado en una ambulancia a una clínica privada por un “estado confusional” y dolores en su pecho. A raíz de esto, la Justicia solicitó a ese sanatorio que expida un certificado explicando la evolución del paciente.
El planteo de la AFIP
La AFIP, que es querellante en la causa, también había enviado un documento en el que pedía que se revocara el beneficio otorgado a Alberto Samid y se lo enviara de inmediato a un penal.
“A la luz de las razones expuestas, sostenemos que en caso de comprobarse la ausencia de elementos eximentes, correspondería revocar tanto el carácter domiciliario de la prisión preventiva de Samid, como así también la autorización que le fuera concedida para dichas salidas laborales”, indicaba el texto que lleva la firma de Laura Gutiérrez Babsia, apoderada de la AFIP, según detalló Infobae.