Pilar: obligan a un colegio a reincorporar a 8 chicos discapacitados que marginó porque les “bajaban la vara”
El Gobierno bonaerense intimó al colegio privado Magno, ubicado en Villa Rosa, y deberá volver a admitir a ocho alumnos con discapacidad a los que había dejado sin vacantes. Los argumentos del dueño de la institución.
La institución fue intimada por autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires a reincorporar a los alumnos.
Una escuela de Pilar deberá reincorporar a ocho alumnos con discapacidad a los que había dejado sin vacantes luego de que los padres denunciaran discriminación y el Gobierno bonaerense intimara a la institución a retrotraer su decisión en un plazo menor a 48 horas.
Días atrás, las familias habían denunciado que les habían llegado un correo electrónico en el que el colegio Magno les informaba que no renovarían la matrícula de los chicos. El mensaje decía: «Nos comunicamos en esta oportunidad para informarles que su hijo (nombre del alumno) no podrá ser matriculado para el ciclo 2023. Entendemos la importancia de enviar esta notificación de forma temprana para que cuenten con el tiempo necesario para planificar la continuidad pedagógica en otra institución educativa».
Y agregaba: «Desde ya quedamos a su disposición tanto para conversar como para simplificar el pase una vez elegida la nueva institución. Aprovechamos para agradecer todo el tiempo compartido y desearles que encuentren una institución educativa que satisfaga todos sus requerimientos y necesidades particulares de su hijo».
El enojo de las familias de Pilar con el dueño del colegio
Tras esa notificación, las familias se reunieron con Santiago Boix Mansilla, el dueño del colegio del norte del Conurbano para conocer los motivos de la decisión y el encuentro los dejó con mucha tristeza. De hecho, luego se hicieron más de cinco denuncias en el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI), Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y en la Secretaría de Educación de Pilar.
Pablo Basz, papá de Emanuel (nene de 10 años con síndrome de Hunter, enfermedad que produce discapacidades físicas y mentales), reveló que entre los argumentos hubo como «hijos como el suyo bajan la vara académica»; «ninguna escuela los hubiese aceptado»; o «el día de mañana ninguna empresa iba a contratar a mi hijo». Y llegó a decir que él siendo dueño de esta escuela, como si fuera dueño de un departamento o una casa en alquiler, «puede decidir año a año si renueva o no el contrato con el inquilino».
Ignacio Garrido es papá de Tomás, uno de los alumnos marginados y que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Contó que su nene llora y no quiere ir a la escuela. Luciana, por su parte, es mamá de dos niños en distintos niveles y manifestó: «Éramos un colegio inclusivo y yo espero que lo siga siendo, en la medida que se revoque esta decisión. Nunca hubo un caso de discriminación en la escuela. Mi hijo se quiere ir pero le estoy enseñando que, para que las cosas cambien, hay que pelearlas desde adentro». A su vez, admitió que «hay muchas escuelas que discriminan las discapacidades, pero no lo dicen».
El dueño de la institución, por su parte, al ser consultado por su decisión por el El Diario de Pilar, respondió que «la no renovación de matrículas y sus fundamentos son confidenciales por Ley 14.498 con lo cual el colegio solo se comunica con los involucrados».
La Provincia obliga a la institución a reincorporar a los alumnos
Al hacerse pública la polémica medida del colegio, una delegación del Ministerio de Educación bonaerense se presentó en el establecimiento y ratificó que la decisión incumple la Ley de Educación Provincial 13.688 y lo intimó a volver a admitir a los chicos en un plazo menor a 48 horas. E indicaron en un comunicado que la mencionada normativa busca «proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes».
Por su parte, Belén Arcuci, Coordinadora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), comentó: «El derecho a la educación inclusiva está garantizado por nuestra Constitución, a partir del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina adhiere. Además, la resolución 311 del Consejo Federal de Educación, del año 2016, establece como un derecho de todo estudiante poder asistir a una escuela común, tanto privada como pública».
