10 de Agosto de 2022

«Masacre de Quilmes»: la policía embarazada acusada de torturas y la condena que demora 18 años

Quilmes. Policiales
·
1 de noviembre de 2021

La subcomisario Elida Guaquinchay Bogado está acusada de participar de las torturas a 17 adolescentes en la Comisaría 1° el 20 de octubre de 2004. El juicio en su contra comenzará en diciembre de 2022. Sigue prestando servicio en la fuerza.

La semana pasada se cumplieron 18 años, pero el tiempo no puede curar el dolor. La «Masacre de Quilmes» marcó un antes y un después, no sólo en la mencionada localidad del sur del Conurbano, sino también en el trabajo de organismos de derechos humanos y hasta en el sistema penal.

La noche del 20 de octubre de 2004, un grupo de 17 adolescentes iniciaron una protesta y quemaron colchones en la Comisaría 1° de Quilmes. Los policías presentes dejaron que el fuego se propagara antes de liberar a los detenidos, golpeándolos salvajemente al momento de hacerlo. La fatídica noche dejó cuatro muertes: Diego Maldonado (15) perdió la vida esa misma noche, Manuel Figueroa (17) al día siguiente; Elías Giménez (15) el 25 de octubre y Miguel Aranda (17) el 11 de noviembre.

La subcomisario Elida Marina Guaquinchay Bogado estaba embarazada de 7 meses y trabajaba en la seccional durante la noche de la tragedia. Si bien no había sido imputada al inicio de la investigación, el Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de Quilmes la imputó por «omisión de evitar torturas»: se cree que permitió el salvaje atropello de los efectivos sobre los menores detenidos, aunque familiares de las víctimas la acusan de formar un cordón policial que apaleó a los menores cuando salían quemados de las celdas y se dirigían a las duchas.

Si bien su juicio iba a comenzar a mediados de este año, la Justicia dispuso prorrogarlo y será juzgada en diciembre del año próximo. Guaquinchay es la última imputada en la «Masacre de Quilmes», causa en la que hay 10 policías condenados con penas entre 3 y 16 años de prisión.

Sin embargo, en todos estos años la agente continuó prestando servicio en el distrito e incluso fue ascendida al cargo de subcomisario meses atrás, algo que irritó a los familiares de las víctimas. El repudio no tardó en llegar y aunque ella decidió renunciar a su puesto en la Estación de Policía de Quilmes, se supo que se desempeña en Avellaneda.

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Familiares denunciaron que los 17 adolescentes estaban repartidos en dos calabozos ciegos de 12 metros cuadrados cada uno. Dijeron que tras peleas entre detenidos, los policías los hacían desnudarse y los golpeaban brutalmente.

Masacre de Quilmes: la policía embarazada acusada de torturas y una condena que demora 18 años
La Comisaría 1°, donde sucedió la Masacre de Quilmes.

La noche del 20 de octubre de 2004, testimonios indicaron que Diego Maldonado recibió una nota que decía que su hermanita de dos años había muerto. Desesperado, empezó a gritar para que lo dejaran salir a acompañar a su madre, pero los policías le negaron hasta la posibilidad de contactar al juez en turno. El reclamo se generalizó y los menores terminaron prendiendo fuego un colchón para que lo dejaran salir.

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El fuego rápidamente se propagó y los oficiales los dejaron encerrados mientras la temperatura ascendía a niveles desesperantes y el ahogo por el humo se convertía en mortal. Algunos efectivos arrojaron agua con baldes desde afuera de las celdas hasta que les abrieron, pero los golpearon a palazos mientras salían.

Maldonado, González, Figueroa y Aranda murieron producto de las quemaduras y la intoxicación generada al aspirar el humo, con mucha carga de cianuro en su composición.

Elvia González contó que su hijo, Diego Maldonado, había tenido problema con las drogas y un funcionario judicial lo mandó a la Comisaría 1° mientras esperaba un cupo para un centro de rehabilitación.

Sobre la nota que se dijo que recibió aquella noche, manifestó: «Yo no sé qué recibió él, qué leyó, porque nunca se encontró la maldita carta». Y agregó: «Si él me hubiera contado lo que pasaba ahí dentro, yo iba, les decía ‘me lo llevo’. Las peleas de los calabozos no me las contó, yo sé por los chicos que sobrevivieron. Ellos me contaron, incluso uno me pidió disculpas hace 10 años porque a él lo obligaron a pelear contra Diego».

La mamá de Miguel Aranda, Tomasa Nuñez, relató que acompañaba a la mamá de su hijito a visitarlo: «La última vez que lo vimos a Miguel fue el día de la madre. A mí no me contaba nada, pero a las hermanas sí, les dijo que lo maltrataban, que le habían pegado».

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Pelagio Giménez, el papá de Elías, dijo que la Policía detuvo a su hijo por averiguación de antecedentes y lo confundió con un hombre que se llamaba igual. «Lo agarraron porque tenían que hacer número en la comisaría, agarrar alguno para ponerle una causa. Nuestra familia se desarmó luego de todo lo que pasó. Con la madre de Elías nos separamos, cada uno hizo lo que pudo, por suerte nos llevamos bien y seguimos peleando por justicia. Uno no puede, cuesta mucho volver a armar la vida. No puedo parar nunca de llorar. El dolor de la ausencia de mi hijo no me lo repara nada», relata.

Isabel Figueroa contó que su hijo Manuel también era otro de los jóvenes que había llegado a la Comisaría 1° por recomendación de un juez, para internarse mientras esperaba cupo en un centro de rehabilitación por sus adicciones. «Mi último recuerdo con él es del Día de la Madre cuando me dijo que le habían pegado. Dormían peor que perros, él me lo contaba y yo le creía. Los chicos sobrevivientes confesaron que la Policía les decía cosas como ‘ustedes tendrían que haber muerto todos porque son todos chorros'».

Un caso que cambió la historia

La «Masacre de Quilmes» dejó en evidencia la falta de dipositivos de protección y promoción de derechos de los detenidos en las comisarías, que persisten, tristemente, hasta el día de hoy. Sin embargo, también puso bajo la lupa el funcionamiento del sistema de responsabilidad penal juvenil.

En la época en que se produjo el incendio había 12.000 chicos alojados en institutos de menores y más de 300 detenidos en comisarías por falta de otros lugares. Fue así como el entonces titular del Ministerio de Seguridad bonaerense, León Arslanián, emitió la Resolución 1624/04 para prohibir el alojamiento de menores en dependencias policiales.

A partir de entonces, sólo pueden quedar alojados allí si cometieron algún delito, pero no por averiguación de antecedentes o cualquier otra cuestión asistencial. En esos casos, deben devolverlos a sus padres o tutores.

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