06 de Julio de 2022

Una estafa y una denuncia que la Justicia ignoró: el drama de 136 familias en Florencio Varela

Florencio Varela. Sociedad
·
29 de marzo de 2021

Los damnificados compraron terrenos en la zona de El Alpino. La empresa que sería la verdadera dueña había judicializado un reclamo, en julio del 2019, asegurando que la comercialización era «un fraude».

El caso se hizo público a principios de este mes, cuando los damnificados comenzaron a realizar cortes de ruta para reclamar por lo que les tocó sufrir. Pero con el paso de los días el tema comenzó a hacer cada vez más ruido, y ahora se conoció una noticia que generó mayor bronca en las 136 familias estafadas con la compra de terrenos en lo que prometía ser un barrio en la zona de El Alpino, en Florencio Varela. Lo que se supo es que la empresa Aqualand, que dice ser la verdadera dueña de las tierras, había denunciado ante la Justicia, en julio del 2019, que alguna persona -todavía no identificada- estaba ofreciendo en venta las 12 hectáreas del lugar en Mercado Libre y en las redes sociales. La lentitud del proceso hizo que recién se actuara este año, cuando las personas ya habían sido engañadas.

La mayoría de los vecinos resiste y acampa en los terrenos.

La documentación de la denuncia realizada por la empresa -difundida por el medio Infosur- fue entregada por el abogado de las víctimas, Juan Pablo Céspedes, al Colegio de Martilleros, que ahora deberá apurar una resolución con respecto a los titulares de las tres inmobiliarias de Quilmes que participaron de la fraudulenta comercialización. «Tienen que quitarles la matrícula», apuntó José Luis García, referente de los damnificados.

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Mientras tanto, la mayoría de los afectados continúa resistiendo y acampando en los terrenos -ya van por la tercera semana- y la causa judicial no avanza. Por eso el Defensor del Pueblo bonaerense pidió que al menos se declare la «nulidad» del desalojo, por tratarse de un hecho «inconstitucional», ya que la compra se realizó de buena fe.

Sin acuerdo con la empresa

También en los últimos días se produjo la primera reunión, en la oficina de Resolución Alternativa de Conflictos Judiciales, entre los vecinos y la empresa que sería dueña de las tierras, pero no se llegó a ningún acuerdo. El problema es que, según trascendió, una de las víctimas llevó a otro abogado, hasta ahora no reconocido en el expediente judicial, lo que provocó la negativa de la reunión por parte de los letrados de Aqualand. La compañía, precisamente, es la que promovió el desalojo y reclama el sitio como propio.

La denuncia presentada por la empresa dueña de las tierras.

Así, no hubo posibilidades de negociación para alcanzar un entendimiento que permita a los vecinos volver a sus casas. Hay que señalar que los terrenos fueron vendidos en los últimos tres años con valores que van desde $600.000 hasta $1.500.000. Y en el interior del predio hay más de 30 viviendas construidas. Eso generó episodios de extrema tensión, como el caso de un hombre que amenazó con ahorcarse cuando la Policía fue a desalojarlo.

El predio está ubicado en la Ruta 53 y la calle 1433 del paraje El Alpino, identificado catastralmente como Circunscripción III, parcela 780-A, Partida 032-00381-4.

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La Justicia, apuntada por los vecinos afectados

Los abogados de Aqualand presentaron ante la fiscal Vanesa Maiola las fotografías de los avisos publicados en redes sociales y en Mercado Libre donde se ofrecían las tierras que supuestamente les pertenecen. «La denuncia fue en julio del 2019 y yo compré en noviembre de ese año. Si la Justicia no hubiera demorado tanto, a mí no me hubiesen estafado», dijo García.

En el escrito presentado por la empresa se señalaba el peligro que había para quienes pudieran comprar los terrenos. Y se solicitaba la urgente intervención de la fiscalía. Pero la Justicia no actuó, y así se produjo la compra de 136 terrenos de los 154 que estaban en venta, y todo terminó con el desalojo -ocurrido hace tres semanas- de quienes adquirieron las tierras.

En el interior del predio hay más de 30 viviendas construidas por quienes fueron estafados.

En ese punto, y acerca del pedido del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires de que se declare la «nulidad» del desalojo, el reclamo está avalado por el hecho de que en primera instancia el juez de Garantías que interviene en el caso había rechazado la expulsión de los vecinos. Aunque luego la fiscal Maiola apeló la medida.

El barrio que se iba a construir en estas tierras se iba a llamar, paradójicamente, «Mi Sueño». Con tristeza, todo se convirtió en una pesadilla de la que ninguno de los perjudicados puede despertar.

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