Desbaratan una red de explotación laboral en Tigre: acusan a un empresario y un arquitecto por maltrato a albañiles
Los allanamientos fueron en el exclusivo complejo Delta Center. La organización delictiva captaba trabajadores jóvenes en el norte del país y los hacían trabajar 16 horas por día en una absoluta precariedad.
El complejo Delta Center fue donde se realizaron los principales allanamientos.
En un operativo sin precedentes en la zona norte del conurbano bonaerense, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal dedicada a la trata laboral, explotando a trabajadores en condiciones inhumanas en obras de construcción en Tigre. El complejo en cuestión es Delta Center.
La investigación, encabezada por el Ministerio de Seguridad y coordinada con el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, derivó en 13 allanamientos en Tigre, Ramos Mejía, Escobar y otras localidades, dejando cuatro detenidos clave: un empresario, un contratista y un arquitecto, entre otros.
El caso se originó en junio pasado tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las autoridades identificaron una red que captaba ciudadanos del norte del país, prometiéndoles trabajo, pero que en realidad los sometía a jornadas laborales extenuantes de hasta 16 horas diarias.
Explotación a albañiles en Tigre: quiénes son los acusados
Las víctimas, un total de 22 personas de ambos sexos, vivían en condiciones infrahumanas, hacinadas, sin acceso a comida adecuada, ventilación ni higiene básica, y bajo constantes amenazas.
1según informó la agencia Noticias Argentinas, los detenidos son Carlos Alberto Díaz Chilo, vinculado a la compra de vehículos utilizados por la organización; Cristian Sajama, contratista involucrado en la gestión de las obras; Walter Jorge Mosca, arquitecto y capataz, acusado de coaccionar a las víctimas para trabajar bajo estas condiciones y Pablo Gastón Pellegrino, el empresario que habría invertido en los proyectos y facilitado la estructura financiera de la organización.
El Juzgado Federal de San Isidro, liderado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, autorizó una serie de allanamientos que involucraron la colaboración de la División Unidad Operativa Federal de la PFA, el Programa de Rescate del Ministerio de Justicia y otros organismos. En los procedimientos, se encontraron pruebas clave como:
- Armas y municiones: tres pistolas, un revólver calibre .38 y cajas de municiones.
- Dinero: más de 28 millones de pesos argentinos, dólares, euros y otras monedas extranjeras.
- Documentación: planos de obra, recibos de pago, registros laborales y elementos relacionados con la obra Delta Center, uno de los proyectos en el centro de la investigación.
- Vehículos: cuatro automóviles, incluidos modelos de alta gama.
Los 22 trabajadores rescatados fueron trasladados y asistidos por el Programa de Rescate del Ministerio de Justicia, que les brindó contención psicológica y orientación para regularizar su situación laboral y legal. Según el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, las víctimas no contaban con ningún tipo de seguro ni protección social.
La organización operaba con un alto nivel de coordinación. Utilizaba empresas y documentos legales aparentemente regulares para encubrir sus actividades. La investigación también reveló nexos con otras obras de construcción en el área metropolitana y contratos que involucraban grandes sumas de dinero.
El caso marca un hito en la lucha contra la explotación laboral en el sector de la construcción. La fiscalía y la justicia federal continúan investigando para identificar posibles cómplices y analizar la responsabilidad penal de las empresas involucradas.
Con los principales cabecillas tras las rejas, las autoridades esperan que este caso sirva como advertencia para otras organizaciones que intenten beneficiarse de la vulnerabilidad de los trabajadores. Mientras tanto, las víctimas inician un camino hacia la recuperación, con la esperanza de que la justicia prevalezca.
Este caso demuestra que incluso en entornos aparentemente sofisticados, como Nordelta, pueden esconderse redes delictivas capaces de someter a trabajadores a condiciones aberrantes. Así, la Justicia argentina ha dado un paso firme para desarticular esta red y llevar a los responsables ante la ley.
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