Aumento de tarifas de luz y gas: a qué usuarios del Conurbano se les quitará el subsidio estatal
El Gobierno autorizó un aumento de alrededor del 20% en ambos servicios. Además, se hará una segmentación de tarifas por la que se quitará la ayuda del Estado a unos 500.000 usuarios del Gran Buenos Aires y la Ciudad.
Las tarifas de luz y gas subirán alrededor de un 20% en promedio desde enero o febrero próximo para los usuarios residenciales. La medida, autorizada por el Gobierno nacional, regirá para todo el 2022 y se impactará en las boletas de marzo o abril, cuando se hayan registrado y facturado los consumos. Tendrá, sobre todo, un especial impacto en el Conurbano bonaerense, donde además habrá un recorte en los subsidios que entrega el Estado para evitar que los precios tengan un alto impacto en los consumidores.
Pues bien: esa lógica empezará a cambiar, ya que la decisión se complementará con un nuevo esquema de segmentación de tarifas por el que se buscará quitar el subsidio estatal a los usuarios que puedan pagar el valor total del servicio; ellos, representados en los de mayor poder adquisitivo, tendrán un aumento por encima del porcentaje previsto.
Esta iniciativa afectará a unos 500.000 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde vive el 40% de los usuarios del país. En el Gran Buenos Aires, la segmentación tomará como referencia el valor de la tierra.
De esta manera, de acuerdo a lo que dejaron trascender desde la Secretaría de Energía, dejarán de pagar el abono subsidiado los usuarios que viven en barrios cerrados y countries. También apuntará a quienes desarrollan actividades financieras, bingos y casinos, oficinas públicas y transporte ferroviario.
En la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, se dejará de subsidiar a los titulares de propiedades cuyo metro cuadrado supere el valor de US$ 3.700.
Todos estos usuarios representan, según relevamientos oficiales, un 60% del consumo total. Para avanzar con precisión en la conformación de la nueva segmentación de tarifas, los entes reguladores vienen avanzando en campañas de reempadronamiento de los titulares de los servicios para tener una base de datos actualizada y poder disminuir los márgenes de error a la hora de la clasificación de clientes, que definirá los abonos que estos tendrán que afrontar.
El aumento de las tarifas, una búsqueda de regularizar al sector
Por la crisis de la pandemia del Covid-19, el Gobierno había dispuesto congelar las tarifas en 2020 y un incremento del 9% para la luz y del 6% para el gas este año, algo que representó un costo de U$S 9.000 millones para las cuentas públicas, el equivalente a dos puntos del PBI.
Con el nuevo incremento, el subsidio al sector se reduciría a la mitad. La decisión, que va en línea con la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir el déficit fiscal, fue trabajada en conjunto entre el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán y la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez.
Esa realidad sólo aplicó para el AMBA, porque en el resto del país son los Gobiernos provinciales los encargados de regular la política de tarifas y las subas en energía eléctrica alcanzaron el 35%, lo que acrecentó la diferencia entre lo que pagan los usuarios de la concesión de Edenor y Edesur y lo que abonan en el Interior.
Hay cuatro componentes que conforman las tarifas de luz y de gas: la producción del suministro que supone la mitad del precio (por el subsidio estatal, el usuario paga la mitad de ese costo), el transporte a los grandes centros de consumo, la distribución final a los hogares y los impuestos, que suponen un 30% del valor final, entre tributos nacionales, provinciales y municipales.
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En el caso del gas, el Gobierno nacional regula la distribución con el Enargas, pero en la electricidad cada provincia tiene la facultad de regular las tarifas. Con este incremento se espera que el 20% sea reflejado en el resto de las jurisdicciones del país.
