Los vecinos lograron frenar la construcción de dos cárceles en Escobar y General Rodríguez
Ambos distritos están incluidos en el proyecto provincial para construir nuevos establecimientos penitenciarios. Los vecinos marcharon contra la iniciativa y consiguieron compromisos de los intendentes de detener su avance.
Con manifestaciones y reclamos, vecinos de Escobar y General Rodríguez lograron imponer presión a las autoridades con su rechazo a la instalación de cárceles en sus distritos. En ambos casos, consiguieron compromisos de sendos intendentes para revisar la situación o directamente, hasta dar marcha atrás con la propuesta oficial.
En Escobar se iba a construir una alcaidía departamental en un predio de dos hectáreas sobre la calle Gelves, en el barrio Donatelli y frente al Cementerio Municipal. Sobre la elección del espacio, el Intendente Ariel Sujarchuk había confirmado: «La tierra fiscal pendiente que tenemos no es tanta, esencialmente los metros cuadrados. Por lo tanto, sobre la cantidad posible nosotros delegamos las opciones a la Provincia y ellos, entre todas las posibilidades, eligieron este terreno”.
La decisión en Escobar y General Rodríguez
Sin embargo, frente a los constantes reclamos y movilizaciones de los vecinos, el mandatario se reunió con ellos para avanzar en una solución. Y en los últimos días les comunicó lo que hizo público el Gobierno provincial: tanto en Escobar, como en Lomas de Zamora, Merlo, Berazategui y Almirante Brown, se realizarán estudios de impacto ambiental para determinar la incidencia que tendrá la instalación de dichos establecimientos carcelarios en los barrios donde se construirán. Esta disposición retrasará, dicen, unos cinco meses el avance del proyecto.
Aunque inicialmente el Intendente Sujarchuk se había mostrado firme al decir que iba a «sostener» su «decisión» y la instalación de la alcaidía en el barrio Donatelli todavía no fue cancelada, los vecinos aseguraron que les dio su compromiso de «relocalizar» la unidad penitenciaria.
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En General Rodríguez, la discusión comenzó el año pasado cuando trascendió la Resolución 831/20 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, que incluía al distrito entre cinco donde se planeaba construir ocho penales en el «corredor de la Ruta 6».
Concejales pidieron informes y la vicegobernadora Verónica Magario dijo en una visita al distrito que la decisión de una cárcel iba a ser «del Intendente y la comunidad que lo quiera», pero el debate por el proyecto se enfrió hasta hace unos días cuando se supo que el Ministerio de Salud de la Nación había cedido terrenos linderos al Hospital Sommer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial para la construcción de una unidad penitenciaria.
Los vecinos de los barrios aledaños al Hospital pusieron el grito en el cielo y aunque el Intendente, Mauro García, trató de llevar calma diciendo que «no hay nada decidido», se terminó reuniendo con la gente que vive en la zona y comprometiendóse a no permitir la construcción de una cárcel en el barrio. Algo que fue ratificado por el Municipio en un comunicado en la noche de este lunes. Igualmente, los vecinos hicieron esta mañana un corte en la Ruta 24 para ratificar su rechazo.
El proyecto para descomprimir las cárceles
Desde el año pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense que conduce Julio Alak impulsa un Plan de Infraestructura Penitenciaria para instalar nuevas cárceles y alcaidías departamentales en diversos distritos de la provincia y el Gran Buenos Aires. El objetivo es descongestionar las comisarías que hoy están colapsadas con más presos de las que permite su capacidad y con policías que deben hacer guardia en las dependencias para controlarlos.
A su vez, el Gobierno provincial quiere generar nuevas opciones para que el interno esté alojado cerca de su lugar de residencia y de su familia, algo que podría repercutir en más visitas, más contención emocionar, mejorar las posibilidades de reinserción social y disminuir las chances de conflictos dentro de los penales.
La iniciativa prevé cuatro alcaidías de 300 plazas en La Matanza, tres en Moreno, dos en Almirante Brown, dos en Merlo , dos en Quilmes, dos en Lanús, y uno en Florencio Varela, Tigre, San Martín, Lomas de Zamora, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Esteban Echeverría, Tres de Febrero, Avellaneda, Pilar, San Miguel, Berazategui, Escobar, San Isidro, Morón y Zárate.
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Y otros 8 penales de mayor envergadura de 1000 plazas cada uno en el corredor de la Ruta 6, integrado por los municipios de San Vicente, Cañuelas, Marcos Paz, Las Heras y General Rodríguez. Cada complejo tendrá una unidad de 700 plazas y una alcaidía de 300.