Máximo Kirchner propuso crear un Fondo Federal para poder hacer obras públicas en provincias y municipios
El plan del diputado de Unión por la Patria se basa en no revertir Ganancias y propone que el fondo se nutra con el 60% de las retenciones a la soja. «Es una alternativa al ajuste y el shock», afirmó el hijo de Cristina.
Con el objetivo que las provincias y municipios cuenten con financiamiento para obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, el diputado nacional Máximo Kirchner junto a otros legisladores nacionales presentaron un proyecto para la creación del Fondo Federal para el Desarrollo Nacional.
El presidente del PJ bonaerense plantea en el proyecto la necesidad de buscar alternativas teniendo en cuenta que las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei, y las declaraciones del presidente y su ministro de economía, Luis Caputo, tendrán, según él, un impacto negativo en los ingresos de los estados provinciales y municipales, impidiendo el desarrollo de obras esenciales para sus comunidades.
En los fundamentos de proyecto se explica que el fondo permitirá «nutrir de recursos a las provincias para potenciar la infraestructura, la actividad económica y la demanda agregada, y permitiendo compensar los efectos del fulminante ajuste fiscal y la devaluación impulsados por el ex ministro de economía de Mauricio Macri y actual ministro de economía de Javier Milei».
La iniciativa, que es acompañada por una decena de diputados de Unión por la Patria, dispone que dicho fondo se nutra del 60% de la recaudación que ingresa en las arcas del Tesoro nacional en concepto de retenciones a la soja, en todas sus variedades y derivados. El destino de esos recursos será exclusivamente para la realización de obras públicas, no para gastos corrientes.
«Entre las primeras medidas del presidente y el ministro de economía y ex presidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo se encuentra la decisión no solo de mantener las retenciones y aumentar la imposición exigible, sino también su extensión a productos que no estaban alcanzadas por las mismas. Siendo obvio, por lo tanto, el aumento en los ingresos del estado nacional«, se indica.
Kirchner considera que esa situación conlleva una caída en la recaudación que se producirá como consecuencia de la contracción económica que generan las medidas tomadas desde el 10 de diciembre (devaluación, aumento de tarifas o liberación de precios) y que perjudica los ingresos coparticipables de las provincias. «Desde el Poder Ejecutivo, tanto el presidente como su gabinete repiten una y otra vez que ‘no hay alternativa’ ante cada decisión», dice.
«Sostener que la única manera que tienen las provincias de mejorar su recaudación es a través de la reposición de Ganancias, es ignorar que la propia caída del consumo de la población, por solo dar un ejemplo, también impactará en los recursos coparticipables”, se explica en los fundamentos del proyecto que propone justamente una alternativa que no perjudique a los trabajadores y trabajadoras.
El proyecto presentado por el diputado de Unión por la Patria y acompañado por otros legisladores del bloque busca abrir el debate a otras alternativas que no sean más ajuste y pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora y que brinde herramientas a los estados provinciales y municipales.
La idea es poder contar con recursos «para inversión y financiamiento de obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura existente y potencien la competitividad de las economías regionales».
El Fondo tiene como antecedente al «Fondo Federal Solidario (FFS), creado por decreto en 2009, y por medio del cual se concretaron innumerable cantidad de proyectos de inversión y obra pública en todas las regiones del territorio nacional, logrando de esta manera un canal de financiamiento con afectación especifica». Pero Mauricio Macri eliminó ese decreto en 2018, cuando fue presidente.
Máximo Kirchner y el Fondo Federal de Desarrollo
El Fondo Federal se financiará con el 60% del total recaudado en concepto de derechos de exportación de la soja, en todas sus variedades y sus derivados. En este sentido se propone que la distribución del se efectuará según los siguientes criterios:
- Un 10 % distribuido de manera igualitaria entre todas las provincias.
- Un 35 % distribuido entre las provincias de acuerdo a la población en base a los resultados del Censo 2022.
- Un 35 % distribuido entre las provincias, según el porcentaje de la población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) existente en cada jurisdicción, respecto al total de la población en hogares con (NBI) en todo el país obtenido del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda disponible.
- Un 20% distribuido entre las provincias en función del total de las toneladas de soja producidas en cada jurisdicción en relación con el total de toneladas de soja producidas a nivel nacional según los últimos datos disponibles de la Dirección de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Estos porcentajes se actualizarán con una frecuencia anual en la fecha que se determinará en la reglamentación. Los criterios de distribución planteados buscan articular tres grandes necesidades: el federalismo, la solidaridad con aquellas provincias que enfrentan altos índices relativos de Necesidades Básicas Insatisfechas y el estímulo a las provincias productoras de soja para potenciar su esfuerzo.
Además, los recursos están vinculados a ingresos en dólares, lo que permite generar «una posición fiscal más sólida para nuestras provincias, actuando como un seguro de cambio para los ingresos provinciales y municipales ante eventuales devaluaciones que, de no cambiar el oriente de las medidas económicas futuras, se producirán».
Desde la Fundación Mediterránea, se estima que “la recaudación en concepto de derechos a la exportación de soja para el año 2024 será de 4.423 millones de dólares«, lo que significa que, de crearse, «el Fondo Federal para el Desarrollo Nacional alcanzaría los 2,654 millones de dólares».
La propuesta, como tantas otras que pueden surgir de un debate serio y profundo, sirve «para evidenciar que sí hay alternativas al ajuste y al shock que propone Javier Milei y su ministro de economía», afirma el proyecto, que lleva las firmas de Máximo Kirchner, Carlos Heller, Emiliano Estrada, Gabriela Estévez, Blanca Osuna, Graciela Parola, Mario “Paco” Manrique, Pablo Carro, Tanya Bertoldi, Paula Penacca, Christian Alejandro Zulli, Sergio Palazzo, Carolina Yutrovic, Itai Hagman y Julia Strada.
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