La contundente defensa de Raúl Jalil a la Ley de Glaciares: “No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”
En la previa del tratamiento en el Senado, la discusión por la reforma de la Ley de Glaciares volvió a meterse de lleno en la agenda política.

Raúl Jalil se manifestó alineado con el proyecto de reforma de la ley de Glaciares impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La discusión por la Ley de Glaciares volvió a meterse de lleno en la agenda política y uno de los gobernadores que salió con más fuerza a fijar posición fue Raúl Jalil, mandatario de Catamarca. En la previa del tratamiento en el Senado, el dirigente defendió la reforma y dejó una frase que encendió el debate: “No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”.
La postura de Raúl Jalil apunta a un tema sensible para varias provincias del interior: cómo equilibrar el cuidado del ambiente con el desarrollo económico, en especial en regiones donde la minería tiene peso en el empleo y en la actividad productiva. En ese marco, el gobernador sostuvo que el debate ambiental no puede quedar aislado de la realidad social de las provincias.
En declaraciones radiales, Raúl Jalil aseguró que, si Catamarca no tuviera actividad minera, hoy habría miles de puestos de trabajo menos. Según planteó, la discusión debe darse sobre el “balance” entre el impacto ambiental de cada proyecto y el aporte concreto que genera en la economía local, argumentos que viene repitiendo en defensa de la Ley de Glaciares.
Además, el gobernador remarcó que la minería atraviesa múltiples instancias de control y destacó que, para una Declaración de Impacto Ambiental, las empresas deben cumplir con evaluaciones específicas. También puso el foco en el destino de las regalías y fondos vinculados a la actividad, al señalar que esos recursos se orientan a comunidades locales y obras en zonas de la puna y la cordillera.
Raúl Jalil y la Ley de Glaciares: por qué el debate
El pronunciamiento de Raúl Jalil llega justo antes del debate en el Senado por el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que el oficialismo impulsa como parte de un paquete para dar mayor previsibilidad al sector minero. Desde el Gobierno nacional y sectores aliados sostienen que la modificación ayudaría a destrabar inversiones y fortalecer el perfil exportador argentino, especialmente en minería vinculada al litio.

En ese contexto, Raúl Jalil defendió la mirada federal del proyecto y recordó que las provincias tienen un rol central sobre sus recursos naturales. En sus declaraciones mencionó el artículo 41 de la Constitución Nacional —que plantea la protección del ambiente sin frenar el desarrollo humano— y el artículo 124, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. Para el gobernador, ese marco constitucional respalda el debate actual sobre la Ley de Glaciares.
Otro de los puntos que marcó Raúl Jalil fue el esquema de controles sobre la actividad minera. Según explicó, hay instancias ambientales, económicas y de seguimiento que deben cumplirse antes de avanzar con cualquier proyecto. En esa línea, insistió en que no se trata de “liberar” actividades sin regulación, sino de discutir con criterios técnicos el impacto y el beneficio social de cada emprendimiento.
La frase “No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza” resume una discusión que excede a Catamarca y alcanza a buena parte de las provincias, como Jujuy, Salta, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, donde el empleo, las inversiones y las divisas son variables centrales en la discusión pública.
El trasfondo político del debate por la Ley de Glaciares
La posición de Raúl Jalil también se cruza con el clima político nacional. El gobernador se refirió en una radial al vínculo con el Gobierno de Javier Milei y a otros proyectos en discusión en el Congreso. Allí, Jalil volvió a mostrarse como un actor dialoguista en temas económicos y productivos, aun en medio de tensiones dentro del peronismo.
Desde sectores críticos, en cambio, siguen cuestionando la reforma de la Ley de Glaciares por considerar que podría reducir niveles de protección ambiental en zonas sensibles. Esa es justamente la tensión que atraviesa el debate: hasta dónde flexibilizar o redefinir alcances de la ley sin afectar ecosistemas estratégicos.







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