Denuncia en el Hospital Sommer de General Rodríguez: la larga lista de irregularidades halladas en el último leprosario del país
El Gobierno, a través del director del centro de Salud, denunció a la Asociación de Internados por manejos fraudulentos de todo tipo. Hay desde una financiera clandestina hasta cría de ganado en forma ilegal.
El Hospital Sommer queda en las afueras rurales de General Rodríguez, en el oeste del Conurbano bonaerense.
El Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, ha presentado una denuncia formal ante la Justicia tras detectar una serie de enorme irregularidades en el Hospital Sommer, ubicado en General Rodríguez, en el extremo oeste del Conurbano bonaerense.
Este hospital fundado en 1941, con más de ocho décadas de historia, ha sido centro de controversias por el manejo de recursos públicos destinados a pacientes con enfermedad de Hansen (lepra) y por la gestión de bienes del Estado. La denuncia penal presentada ante la Justicia federal de Mercedes fue realizada por el mismo director del último leprosario que hay en el país, Santiago Cerneaz.
En el escrito, el responsable del Sommer denunció «las innumerables irregularidades y manejos arbitrarios de la Asociación de Internados» y «la imposibilidad de hacer cumplir la reglamentación vigente ya que cada medida que se intenta adoptar es impedida o surcada por los integrantes de la Asociación». Los apuntados son el presidente Eloy Juarez, el vicepresidente Roberto Cáceres y toda la cúpula directiva.
General Rodríguez: la denuncia en el Hospital Sommer
Según informó este mañana el vocero de Javier Milei, Manuel Adorni, la administración de La Libertad Avanza descubrió que en el lugar funcionaba una «financiera clandestina» y que la Asociación de Internados generó enormes sospechas en la administración de los fondos públicos destinados a pacientes.
Según dijo Adorni, a pacientes se los remuneraba por los trabajos terapéuticos que realizaban a través de un sistema de administración que perjudica tanto a los pacientes como al Estado; y que se realizaba un «uso irregular de las viviendas que pertenecen al Estado».
El escrito judicial lo resume así: «Aquellos residentes que realizan trabajos en el hospital (denominado “laborterapia”) perciben una remuneración llamada peculio. El peculio comprende una remuneración con la que se abona a los obreros-enfermos de Hansen que trabajan productiva y eficientemente como internados en los sanatorios y Colonias para asilados por el mal de Hansen. Autorizado por el Decreto 20723/1946, y varios decretos reglamentarios que establecen asignación de tareas, monto de los jornales y presupuestos para su pago, entre otros».
Según la denuncia hecha por el titular del hospital, la Asociación retendría parte de este dinero a través de cuotas sociales obligatorias, y se la acusa de operar una financiera clandestina que otorga préstamos con intereses abusivos y descuenta automáticamente las cuotas del peculio.
También se denuncia que personas que no residen en el hospital mantienen propiedades o camas reservadas solo para cobrar . La actual dirección del hospital ha iniciado un proceso de bancarización para transparentar el manejo de los fondos, pero (siempre según la versión oficial) se encontró resistencia por parte de la Asociación.
Otros que están bajo la lupa son los miembros de la cooperativa de alimentos gestionada por la Asociación. Se acusa a la cooperativa de cobrar precios excesivos por los alimentos y de retener la totalidad del peculio de los pacientes gravemente enfermos para financiar sus operaciones.
Uno de los puntos salientes de la presentación de Cerneaz va directamente contra la asignación de las viviendas en el predio del hospital, que tiene unas 280 hectáreas en las afueras de General Rodríguez. «La Asociación controla de forma arbitraria quién ocupa las viviendas, ignorando las normas institucionales», afirman. Se detectó que familiares de los directivos de la Asociación ocupan algunas de las casas, y que 62 de las 192 viviendas disponibles están en manos de personas sin vínculos con la enfermedad que trata el hospital.
En la denuncia también se describe que los proveedores del nosocomio «pagaban sobornos»; que integrantes de la Asociación de Internados «retiraban raciones extra de alimentos sin justificativo, lo que representaba un alto costo a las finanzas del hospital»; y que en partes de esas inmensas 250 hectáreas de campo pertenecientes al hospital, y que forman parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se cría ganado y se cultivan granos de manera irregular.
Este uso no autorizado de las tierras ya había sido denunciado por el director anterior Gustavo Marrone en 2023 por lo cual se encuentran bajo investigación judicial. «Hay animales de origen desconocido dentro del predio del hospital, como así también corte del alambrado en el límite del predio del nosocomio. Se formó una tranquera para el paso de animales (vacuno) y vehículos», denunció Marrone.
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