Escobar: un estudio avala la construcción de una alcaidía y los vecinos mantienen su rechazo
Se trata de un estudio de impacto social y ambiental que calificó como «apto» un predio frente al Cementerio Municipal. Los habitantes del barrio rechazan la unidad penitenciaria. Se espera una protesta para este martes.
El debate por la construcción de una alcaidía en Escobar sumó un nuevo capítulo: luego del rechazo que generó en los vecinos el proyecto de instalar una unidad penitenciaria en un predio del barrio Donatelli, frente el Cementerio Municipal, se realizó el mes pasado un estudio de impacto socio ambiental para determinar la viabilidad de esa ubicación. Y en las últimas horas trascendió que el análisis concluyó en que el terreno, de menos de una hectárea de superficie, es «apto para albergar al proyecto, siempre que se cumplan las recomendaciones del presente estudio».
El trabajo fue realizado por un equipo interdisciplinario integrado por urbanistas, ingenieros, trabajadores sociales, ambientalistas y sociólogos de la Universidad Nacional de La Plata. Se hicieron movimientos de suelo, encuestas a agrupaciones vecinales, entidades barriales, comerciantes y vecinos.
El documento se presentó ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, a cargo de Julio Alak, y pide «realizar el correcto seguimiento de las principales variables ambientales y sociales, cumplir con los programas de gestión ambiental y medidas de mitigación propuestas, dar rápida y adecuada atención a las posibles contingencias y respetar la vinculación del establecimiento con el entorno».
El conflicto por la construcción de la alcaidía en Escobar
En el predio mencionado, de casi 8000 metros cuadrados y ubicado sobre la calle Gelves, está proyectado levantar una alcaidía con capacidad de 88 celdas repartidas en dos módulos de dos niveles y con cuatro pabellones cada uno. La iniciativa se licitó en agosto y rápidamente despertó el rechazo de los vecinos de esa zona de Escobar, que consideran que el edificio penitenciario debería instalarse en un área más alejada del casco urbano del distrito.
Se realizaron manifestaciones y movilizaciones hasta la Municipalidad de Escobar, e incluso hubo encuentros entre el hoy intendente en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, y los vecinos, que remarcaron que, a fines de octubre, cuando se supo que se iba a hacer un estudio de impacto ambiental, él les habría prometido que el proceso demoraría 5 meses el proyecto.
Sin embargo, en menos de la mitad de ese plazo se hicieron los análisis y se llegó a una conclusión. Incluso habían dicho que Sujarchuk se habría comprometido con «relocalizar» la alcaidía, algo que habrá que ver si termina sucediendo.
Con el resultado del estudio, los vecinos convocan a una nueva protesta para este martes 28 de diciembre a las 16 en el puente de Ruta 25 y Autopista Panamericana. «El informe de impacto ambiental elaborado por la Universidad de La Plata está sesgado de juicio. Se nos terminó la paciencia ¡No, no y no a la cárcel!», dice un texto publicado en las redes sociales.
La Provincia acelera con su plan de nuevas cárceles para el Conurbano
El Programa de Infraestructura Penitenciaria 2022-2023 que fue presentado días atrás por el gobernador Axel Kicillof en Merlo tiene previsto ampliar 12.200 nuevas cupos para alojar presos en las instalaciones que se habían comenzado a construir hace dos años. Son 20 obras que se realizarán con el financiamiento del Gobierno nacional, con una inversión de $ 18.000 millones.
Incluirá la construcción 5 cárceles: una en Moreno, Mercedes, Florencio Varela y dos en Merlo. Además, prevé la mencionada alcaidía de Escobar y otras 14 en Moreno, Tres de Febrero, Tigre, La Plata, Hurlingham, Morón, La Matanza, Ezeiza, Lanús, Quilmes, Merlo, Berazategui, Almirante Brown y Lomas de Zamora. «La Provincia cuenta hoy con 24 mil plazas construidas a lo largo de 200 años y, con este programa, vamos a construir 12 mil solo en cuatro años», dijo Alak.
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Con estas obras de infraestructura penitenciaria, la Provincia apunta a disminuir la superpoblación carcelaria y mejorar las condiciones en las que se alojan a los presos. «Se habían construido solamente 1.100 plazas en cuatro años y los internos estaban en huelga de hambre porque no se les garantizaban los alimentos y la medicación. Estamos llevando adelante una verdadera transformación del sistema penitenciario, para que las cárceles dejen de implicar una tortura y se conviertan en un camino hacia la reinserción social».
