Caen los dueños de una concesionaria de Pilar: los acusan de estafar con autos de alta gama a 47 clientes, entre ellos un diputado
La Justicia detuvo al matrimonio propietario de Autos Pilar Premium. Entre los damnificados aparecen un diputado nacional y el hermano del ex Puma Agustín Pichot.
Un matrimonio cayó por una esafa de autos de lujo en Pilar.
Una investigación por presuntas estafas en la compraventa de autos de alta gama terminó con la detención de los propietarios de una conocida concesionaria de Pilar. La causa tiene hasta el momento 47 damnificados y entre ellos aparecen un diputado nacional y el hermano de Agustín Pichot.
Los detenidos son Carlos Alberto González, de 42 años, y Cynthia Chamoles, de 44, propietarios de Autos Pilar Premium, una agencia que funcionaba sobre la Colectora Oeste de la Panamericana, a la altura del kilómetro 39,5, en la localidad de Manuel Alberti.
El matrimonio fue arrestado en una vivienda del barrio cerrado Los Condes, en Pilar, durante un procedimiento realizado por efectivos de la SubDDI local. En el operativo también fueron secuestrados tres teléfonos celulares que serán peritados como parte de la investigación.
La causa está en manos de la UFI N°2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, y fue caratulada como estafa y asociación ilícita. Los investigadores sospechan que detrás de las operaciones existía una organización de alrededor de diez personas que utilizaba una actividad comercial aparentemente legal para captar clientes.
Las denuncias comenzaron a acumularse durante mayo. De acuerdo con la investigación, una de las maniobras consistía en recibir señas o importantes sumas de dinero por vehículos que finalmente nunca eran entregados. Otra modalidad apuntaba a los autos recibidos para su venta en consignación.
En esos casos, los propietarios dejaban sus vehículos en la concesionaria para que fueran comercializados, pero, según las denuncias, algunas unidades eran vendidas y sus dueños no recibían el dinero correspondiente ni recuperaban el vehículo.
Un diputado y el hermano de Agustín Pichot, entre los damnificados
Uno de los casos que mayor repercusión alcanzó fue el del diputado jujeño Manuel Quintar, quien denunció haber desembolsado US$285.000 por una Tesla Cybertruck que nunca recibió. El legislador había cobrado notoriedad meses atrás justamente por utilizar una camioneta de ese modelo.
Otro de los denunciantes es Joaquín Pichot, exjugador del CASI y hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot. Según consta en la investigación, había entregado una Ford Ranger Raptor para que la concesionaria gestionara su venta bajo la modalidad de consignación.
Los investigadores sostienen que el vehículo fue vendido, pero el dinero de la operación no habría sido entregado a Pichot. Casos de características similares comenzaron a aparecer a medida que avanzó la causa y el número de denunciantes llegó a 47, aunque los investigadores no descartan que surjan nuevos damnificados.
La pesquisa también determinó que los vehículos eran promocionados a través de Instagram, Facebook y Mercado Libre. Incluso después de las primeras denuncias, la concesionaria habría continuado ofreciendo unidades y promocionando operaciones de compraventa.
Secuestraron 19 autos de alta gama valuados en US$1,3 millones
La investigación había tenido un avance importante a fines de mayo, cuando la Policía Bonaerense realizó una serie de allanamientos. En esos procedimientos fueron secuestrados 19 vehículos de alta gama, cuyo valor conjunto fue estimado en alrededor de US$1,3 millones.
Tras aquellos operativos, la concesionaria quedó cerrada y sus ventanales fueron cubiertos con cartones. Paralelamente, comenzaron a multiplicarse las presentaciones de personas que aseguraban haber entregado dólares, vehículos o ambas cosas para concretar operaciones que nunca llegaron a completarse.
Finalmente, el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de San Isidro autorizó las detenciones. Para los investigadores, las distintas denuncias permitieron establecer que no se trataría de episodios independientes, sino de un presunto esquema organizado para apropiarse del dinero de los clientes.
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Además, González ya había sido procesado en 2025 por el juez federal de Campana Adrián González Charvay en una causa por desobediencia a funcionario público. En ese expediente también se había ordenado un embargo sobre sus bienes por $300 millones.
Ahora la Justicia busca reconstruir la totalidad de las operaciones realizadas por la concesionaria, determinar el rol que habría cumplido cada uno de los involucrados y establecer si existen más víctimas además de las 47 que ya forman parte del expediente.
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