Se entregó Leandro Martínez, el empresario de Moreno acusado de abusar de su sobrina que estuvo tres años prófugo
Tiene 43 años y uno de sus ataques, en una casa de un country Francisco Álvarez, quedó filmado por una cámara que estaba en la habitación de la nena. Este jueves se presentó en la fiscalía que investiga el caso. Qué pena podría recibir.
Su rostro circuló por redes sociales y otros sitios de internet, estuvo en afiches pegados en paredes y postes de luz. A Leandro Martínez, empresario acusado de abusar a su sobrina en un country de Moreno, lo buscaron durante más de tres años hasta que en la mañana de este jueves decidió presentarse ante la Justicia y someterse al proceso que le espera desde enero de 2020, cuando se conoció el caso.
El acusado era gerente de una firma industrial dedicada al rubro de los pigmentos y vivía en el country Weston de la localidad de Francisco Álvarez, en el mencionado distrito del oeste del Conurbano. Tenía un vínculo muy cercano con la familia de la menor (su pareja es prima del padre) a la que abusó e incluso muchas veces ella se quedaba a dormir en su casa. La nena le decía «tío».
El abuso sexual denunciado ocurrió un evento familiar en el que el acusado entró con la víctima a su habitación y la manoseó en más de una ocasión. Lo que no sabía Martínez es que en el cuarto había una cámara de seguridad que registró la secuencia.
La nena, por entonces de 13 años, le contó a su niñera lo que había ocurrido y le habló del miedo que tenía de que Martínez les hiciera algo a sus padres. Finalmente, los papás de la chica vieron el material fílmico y avanzaron en la denuncia penal que se materializó dos años después, dado que las filmaciones datan de 2018.
La nena fue sometida a Cámara Gesell, donde la Justicia pudo establecer los abusos y, con el video como prueba, ordenó su detención. En las imágenes y por un comentario de la nena, el acusado pudo comprobar la presencia de la cámara y le presionó el cuello a la nena como advertencia para que no le contara nada a sus padres. Cuando la Policía fue a detenerlo, no lo encontró y durante estos años se creyó que había inversiones y una red de apoyo destinada a esconderlo, incluso en el exterior.
La situación judicial del empresario de Moreno acusado de abuso
La causa, en estos tres años en los que el empresario estuvo prófugo, cambió de jurisdicción: pasó de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de Morón, a cargo del fiscal Pablo Masferrer, a la UFI N°3 de Moreno, de Luisa Pontecorvo, quien iba a tomarle declaración indagatoria a Martínez este jueves.
Aunque fueron cuatro millones de pesos los que llegó a ofrecer el Ministerio de Seguridad de la Nación por datos sobre su paradero, Martínez, que había pedido no ir a la cárcel hasta la fecha del juicio como condición para entregarse, se presentó por su cuenta en la fiscalía junto a su abogado defensor Fernando Sicilia. Hubo un momento de tensión en el que la Policía Bonaerense quiso arrestarlo por la fuerza y el letrado intervino para avisar que su cliente llegaba para ajustarse a derecho.
La familia de la nena abusada, que hoy ya es una adolescente de 16 años, cambió de abogado: hoy es Roberto Schlagel, quien indicó haber tomado «el expediente hace varios meses» y que entendía que «no se podía seguir adelante si Martínez estaba prófugo».
«Mi consejo a la familia era llevarlo a juicio con su presencia. Su defensa entendía lo mismo, pero pedían la conformidad de que permanezca en prisión domiciliaria hasta el juicio. Estuvimos de acuerdo. Era la única forma de destrabar del asunto. No sirve que esté prófugo hasta prescriba la causa. Para evitar esto, y tener el juicio, se convino la entrega. El objetivo es llevarlo a juicio con la mayor pena posible», aportó el letrado.
Se cree que el empresario de Moreno cometió al menos cuatro abusos en un período de dos años contra la víctima. Está imputado por los delitos de abuso sexual agravado, que por la condición de ser encargado de la guarda de la víctima menor de 13 años, por las circunstancias de su realización y duración en el tiempo, configuran un sometimiento ultrajante.
Así, se estipula que de ser condenado pueden caberle entre 8 y 20 años de prisión por los casos de sometimiento ultrajante, y de 3 a 10 años más de cárcel porque los hechos fueron en concurso real con corrupción de menores agravada.